Por Rubén Cortés

Ahora se sabe que la doctora María Elena Álvarez-Buylla se apresuró a barrer bajo la alfombra, durante los días en que le estallaron a su dirección en Conacyt los escándalos de:

  1. El renunciado David Alexir Ledesma como subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica, aunque cursa tercer semestre de Comunicación y su mayor experiencia laboral era haber sido editor en el portal noticioso de Jenaro Villamil y ayudante de Dolores Padierna.
  2. La renunciada Edith Arrieta Meza como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, aunque sus estudios son de Diseño de Modas en la Universidad Jannette Klein, especializada en diseño de tendencias y prendas sofisticadas.
  3. La ratificada María Chávez García como secretaria Administrativa del Fondo Sectorial, aun cuando su grado máximo de estudios es la secundaria y su trayectoria empresarial es “haber sido demostradora de lencería para las marcas Vicky Form y Carnival Creations México”.

El Universal encontró que, por aquellos días, la directora Álvarez-Buylla se apresuró a cortar el contrato a un funcionario suyo, a quien le pagaba más del doble de lo que gana el presidente, lo cual es ilegal y que ya está penado hasta con 12 años de cárcel, si no se devuelve el dinero de más.

Se trata de Gustavo Adolfo Arellano Sandoval, quien recibió más de 299 mil pesos por dos meses que estuvo como director general adjunto en Conacyt, sin ser responsable de ningún área, hasta que “sin explicar los motivos”, terminó su relación laboral el 13 de febrero pasado.

Imposible regatear que la doctora supo medir el timing para que su, a todas luces protegido, se fuera sin aspavientos, pues de haberse conocido su caso, la directora de Conacyt no hubiese podido aguatar un cuarto escándalo y la que se hubiera tenido que marchar habría sido ella.

Sin embargo, el registro de El Universal tendrá que tener impacto en el Ejecutivo, tan metido que está en la vigilancia en el tema de los funcionarios públicos que ganen un salario superior a los 108 mil pesos mensuales.
Porque Arellano percibió en Conacyt un total de 149 mil 514 pesos al mes, desde el 1 de diciembre hasta el 13 de febrero, más incluso que su propia jefa, quien gana 116 mil pesos mensuales y tendrá que devolver ocho mil a Hacienda en un plazo de 30 días naturales.

Según las modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Morena en el Senado prevé acusar de “cohecho” a todo servidor público que se abstenga de devolver “el pago en demasía”: lo que supere los 108 mil pesos al mes que decretó el presidente.

Si no, ya se sabe: 12 años de prisión.