El plan, llamado en código Operación Constitución, involucraba a decenas de capitanes, coroneles y generales de las cuatro ramas de las fuerzas armadas de Venezuela.

El objetivo era directo y sísmico: capturar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a juicio. Se suponía que los conspiradores, con brazaletes azules marcados como OC, asaltarían el palacio presidencial y la principal base militar y detendrían las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Parte de la planificación se llevó a cabo en Bogotá, la capital colombiana, pero los funcionarios de ese país y estadounidenses, quienes supuestamente sabían sobre el plan, vieron todo desde la banda y se negaron a brindar apoyo activo.

Entonces algo salió mal. A mediados de mayo, varias docenas de militares, incluida una mujer, así como un par de civiles, fueron arrestados en secreto.

Algunos fueron acusados de traición, y encarcelados por un tribunal militar. Muchos dicen que han sido torturados. Los conspiradores creen que fueron traicionados, posiblemente por un agente doble.

Esta reconstrucción de la conspiración se basa en entrevistas con un coordinador del grupo que escapó del arresto, dos que asistieron a sesiones de planificación y abogados y familiares de un acusado.

Todos hablaron bajo condición de anonimato, temiendo por su seguridad. Bloomberg también vio un informe de un tribunal militar que presentaba la versión de los acontecimientos del gobierno y corroboró muchas de las versiones de los conspiradores.

Los detalles del golpe fallido, probablemente la mayor amenaza para Maduro en sus cinco años en el cargo, no habían sido reportados antes, aunque un bloguero militar en el país lo ha mencionado.

Una vez rica y relativamente democrática, la Venezuela socialista se ha convertido en un petroestado disfuncional y autoritario. El país está golpeado por la hiperinflación y la grave escasez de alimentos y medicamentos.

Cientos de miles han huido a la vecina Colombia, que luchó durante décadas contra las guerrillas marxistas respaldadas por Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, quien dirigió un golpe fallido contra el gobierno venezolano en 1992. Una década más tarde, como presidente, libró un golpe en su contra.

Algunos miembros del ejército venezolano aseguran que la única esperanza para un retorno a la estabilidad es reemplazar a Maduro por la fuerza. Eso sigue siendo poco probable después del fracaso del golpe.

El presidente ejerce influencia sobre todas las principales instituciones; nunca ha sido un militar, pero ha trabajado duro para ganarse la lealtad de los altos mandos. Y aunque su reelección en mayo fue ampliamente condenada como fraudulenta, reafirmó el sentido de que él está firmemente en el poder.

Sin embargo, el intento de golpe de Estado indica que partes de los servicios de seguridad están descontentos y Maduro ha tomado nota. En un desfile militar el 23 de junio, declaró: “¡Es hora de cerrar filas y luchar en contra de la traición! ¡Necesitamos un Ejército unido leal al glorioso país de Venezuela y su legítimo comandante en jefe!

El informe del tribunal militar sobre el plan, según los participantes, contiene hechos y ficción. Su afirmación clave es indiscutible: en mayo, oficiales de alto rango de las cuatro ramas de los servicios de seguridad intentaron una insurrección.

Pero los entrevistados rechazan las afirmaciones más dramáticas, incluso que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia brindaron respaldo financiero y que había una conspiración aparte, la Operación Armagedón, que pedía el asesinato de Maduro en un desfile militar en julio de 2017.

“Estados Unidos no tiene la intención de desestabilizar o derrocar al gobierno venezolano”, afirma un vocero del Departamento de Estado de EU, pero quiere “el retorno a una Venezuela estable, próspera y democrática”.

Hablando en Texas en febrero, mientras los preparativos del golpe se llevaban a cabo, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, señaló que los militares en América Latina intervienen con frecuencia durante las crisis.

“Si la cocina se pone demasiado caliente para [Maduro], estoy seguro de que tiene algunos amigos en Cuba que podrían darle una bonita residencia en la playa”, dijo. Tanto Colombia como Venezuela declinaron hacer comentarios.

El fiscal militar afirma que María Corina Machado, una gran opositora de Maduro, participó en la planeación. Ella y los participantes aseguran que esto es ficción destinada a mancillar y posiblemente encarcelarla.

“Este régimen una vez más está tratando de incriminarme”, asegura Machado en una entrevista en Caracas. “No tengo conexión con esos planes. Quieren silenciar mi voz, porque los he etiquetado como una narcodictadura. Quiero ser clara: quiero que Nicolás Maduro salga del poder de inmediato. Pero lo quiero sacar vivo para que pueda enfrentar la justicia que su régimen ha negado a los venezolanos”.

Tanto el gobierno como los conspiradores tienen motivos para exagerar y minimizar lo que sucedió: los segundos quieren apoyo extranjero y más oficiales para unirse al próximo esfuerzo y la esperanza de proteger a los que han sido atrapados. El gobierno busca justificar una purga que ha comenzado, mientras afirma tener el control total.

Los participantes dicen que el golpe fue planeado inicialmente para abril de 2017 y así evitar que Maduro ampliara sus poderes sobre la legislatura venezolana.

Pero una rebelión militar no relacionada y mucho más pequeña provocó que los participantes desconectaran la trama. La planificación continuó en 2018 con reuniones secretas en casas de una parte exclusiva de Caracas. En un momento dado, un participante se coló por la frontera de Colombia con un bigote falso y una identificación falsa.

Los elementos de descontento entre las fuerzas de seguridad comenzaron a aparecer hace un año cuando Óscar Pérez, un oficial de policía y piloto, se apoderó de un helicóptero y lanzó granadas contra ministerios del gobierno.

Maduro culpó del ataque al comandante general Miguel Rodríguez Torres, un exjefe de inteligencia que rompió con el gobierno en 2015. Pérez fue asesinado en un ataque.

En enero, comenzaron los arrestos de tenientes de las fuerzas especiales. En marzo, Rodríguez Torres y algunos comandantes de batallones blindados fueron arrestados por intento de insurrección. Él permanece en prisión.

El mayor número de arrestos tuvo lugar alrededor de la época de la reelección de Maduro. Los participantes y sus abogados dicen que las autoridades detuvieron a un civil colombiano, el novio médico de la única mujer que participó en el intento de golpe. Aseguran que ha sido torturado, aunque él no sabía nada de la planeación.

Maduro ha cultivado cuidadosamente su relación con los militares. El año pasado, cuando más de un millón de personas se unieron a las protestas antigubernamentales, él confió en sus fuerzas de seguridad para sofocar los disturbios.

Desde la muerte de Chávez en 2013, Maduro ha entregado gran parte de la economía a los militares, incluidos los principales puestos de trabajo en la empresa estatal de petróleo y el control sobre la distribución de alimentos. Ha promovido a cientos de generales y almirantes, y los militares activos y retirados tienen nueve de los 34 puestos en el gabinete.

No obstante, una persona con información de las fuerzas armadas menciona que las encuestas realizadas por el servicio de inteligencia encontraron que Machado tiene índices de aprobación especialmente altos entre los oficiales.

Eso puede explicar por qué el gobierno ha intentado vincularla con el golpe. Rocío San Miguel, presidenta del grupo de vigilancia Control Ciudadano, comenta que Maduro también mantiene el control a través del miedo, deteniendo o purgando regularmente a otros oficiales y soldados.

“No creo en la idea de que Maduro se aferre a un hilo”, dice San Miguel. “Maduro ha desarrollado una política estatal de persecución y monitoreo dentro de las fuerzas armadas. Él es paranoico. El gobierno está creando un sistema de protección”.