Por Eduardo Navarro González

A propósito de la tragedia vivida en Hidalgo con casi un centenar de calcinados (y la cifra crece exponencialmente), algunos medios informativos nacionales como internacionales recuerdan impunidad en algunas de las más dolorosas fatalidades ocurridas en México…

Por ejemplo, en noviembre del 84 en San Juanico, Estado de México, murieron alrededor de 500 personas; en abril del 92 la explosión de una fuga de gas en el alcantarillado de un barrio de Guadalajara acabó con la vida de más de 200; en septiembre del 99 casi llega a un centenar los muertos al explotar pirotecnia en una central de abastos en Celaya; en diciembre del 2002 en Veracruz igual, mueren casi 30 y desaparecen 15 por explosión de “cohetes”; en junio del 2009 medio centenar de niños perecen en el pavoroso incendio de la guardería A-B-C en Hermosillo; en diciembre del 2010 en Puebla hay otros 29 muertos por explotar una toma clandestina de gasolina.

Siguieron más tragedias cuando en agosto del 2011 cuando casi 50 personas murieron calcinadas en un casino de Monterrey incendiado por el crimen organizado; en enero de 2013 explotó gas metano en oficinas de PEMEX en la CDMX con saldo de 33 muertos y cómo olvidar que en junio de 2015 murieron calcinados 17 ancianos en un asilo de Mexicali, o en abril del 2016 cuando explotó un complejo petroquímico en Coatzacoalcos con 32 víctimas mortales y los 42 muertos al explotar más pirotecnia en diciembre de 2016, en Tultepec, etc.

Hay más, miles o quizá cientos de miles de personas ejecutadas o brutalmente torturadas, violadas y asesinadas (o vidas truncadas como los cientos de miles de abortos (200 mil tan solo en la CDMX, en 11 años) cuyas causas ciertamente son distintas pero es igual, pierden la vida por omisión o acción criminal y que pasan a ser parte de una estadística que se ve y se oye pero no se siente…

Y no se siente porque los legisladores que tienen la altísima responsabilidad y obligación de promulgar y perfeccionar leyes federales no las generan para dar más y mejores herramientas a policías preventivos, investigadores de delitos y juzgadores de tal forma que puedan sancionar con eficacia y ejemplar actitud que el que la hace…que la pague.

No paso por alto ni subestimo en este escenario la perniciosa corrupción de servidores públicos que, al igual que actitudes criminales por omisión o acción, no llegan hasta las últimas consecuencias para castigar a responsables directos e indirectos de tanta muerte.

Ahí tenemos, por ejemplo, la nula respuesta legislativa federal para retener con prisión preventiva a quien porte armas de fuego, obligando a autoridades a detenerlos y dejarlos en liberad (pero bajo proceso, dicen) hasta que logran su cometido: asesinar…

También deambulan en las calles los de “cuello blanco”, como esos que encabezan y protegen el huachicoleo y también los que matan por robar un auto, una cartera, un celular, o simplemente por venganza, por una deuda, por celos, por violar, por lo que usted quiera y mande…

El caso es que en México, por lo visto, la vida no vale nada…

Y no vale porque de nada sirve la procuración y administración de justicia ante tanta tragedia, porque hay nulo respeto al estado de derecho para juzgar a quien pone en riesgo de muerte a personas o mata por matar con facilidad; no vale porque como dice Leo Zuckermann “lo de México es una vergüenza. Somos el país con la mayor impunidad de toda América Latina”, y no vale porque como cita el Lic. Arnoldo A. Castilla en un pulcro editorial: Kant dice en uno de sus libros que una norma sin sanción es una campana sin badajo”… ¿O no