Por Rubén Cortés

Es buena noticia para los defensores de nuestra seguridad nacional, que haya sido absuelto el sargento del Ejército Mexicano José Isidro Gómez, acusado de matar a un huachicolero que, antes, asesinó por la espalda a un militar, en el tristemente célebre tiroteo de Palmarito.

“Voy a continuar con mi carrera en las Fuerzas Armadas”, dijo el sargento, aunque es imposible: son los militares los únicos trabajadores a quienes la Carta Magna permite ser expulsados del empleo, sin derecho a reinstalación, así tenga la razón y gane el amparo o juicio que sea.

Está en el artículo 123, apartado B, fracción XIII:

Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio (de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios) fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.

Pero los militares continuarán en las calles haciendo labor de policías sin marco legal que los proteja, como no protegió al sargento Gómez en Palmarito, y pasó más de un año preso, después de que los jueces aceptaron como prueba una grabación de los mismos… huachicoleros.

Ayer, la Corte tiró la Ley de Seguridad Interior, que pretendía normar la presencia de los militares en las calles, aun en contra de la voluntad de éstos, porque en todo momento están expuestos a que su actuar sea interpretado como uso desproporcionado de la fuerza.

Lo dejó claro el saliente general Secretario de Defensa:

“Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos criminales, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”.

Bueno, pues en esas condiciones de labor continuarán con el próximo gobierno, el cual no sólo mantendrá al Ejército en las calles haciendo labor de policía, sino que fichará a 50 mil reclutas más para engrosar las filas castrenses.

Para estar por encima de la decisión de la Corte, el Congreso, dominado por el partido del Presidente electo, tiene lista una reforma de la Constitución que permite a los militares encabezar “la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública”.

Aunque, por lo pronto, es de festejar que el sargento José Isidro Gómez esté libre. Total: si los militares seguirán en las calles…

Y él sólo cumplía con su deber.