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Inservibles, el 83% de los programas sociales del Gobierno Federal


Jonathan Nácar y Francisco Pazos / Eje Central

En los últimos cinco años, la administración de Enrique Peña Nieto ha gastado 352 mil 450 millones de pesos en programas y acciones sociales que han sido incapaces de resolver los problema que los originaron.

Las fallas por los mediocres desempeños, coberturas que en algunos casos alcanzaron sólo al 0.1% de la población objetivo y una casi total falta de certeza sobre el destino efectivo de los recursos, toca a por lo menos 82.9% de las políticas públicas con las que el gobierno federal ha buscado combatir la pobreza y reducir la marginación.

Lo anterior refleja que, de cara al proceso electoral de 2018 y a la aprobación del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, prácticamente ocho de cada diez programas sociales que diseñó y opera el gobierno federal no están en condiciones de resolver las necesidades de los mexicanos más pobres.

Así lo muestran los resultados del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federal 2017 (INDEP), elaborado por la asociación civil Gestión Social (Gesoc) y Cooperación, como parte de los análisis que la Cámara de Diputados recibió en el marco de la discusión para definir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018.

SALDO. En 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República, había 53 millones 349 mil 902 pobres en México. Para 2016, la cifra se elevó a 53 millones 418 mil 151, según el Coneval.

El año fiscal que termina será el corolario de un sexenio que gastó mucho en materia social, pero que no logró abatir o resolver los problemas sociales que afectan al país. Tan sólo en 2017, de 136 programas y acciones sociales que el gobierno federal diseñó y dotó de recursos, en 111, es decir, 81.6%, no es posible medir su desempeño o simplemente son incapaces de ofrecer datos sobre el número de mexicanos a los que beneficiaron.

Los plazos constitucionales alcanzaron a la administración de Peña Nieto. El PEF 2018 será el último que su administración diseñe con plena autonomía, pues el año siguiente su equipo fiscal tendrá que compartir el reparto de recursos con el equipo de quien gane la elección presidencial del próximo año en el proceso de transición.

›A pesar de la evidencia, los errores se repetirán si en San Lázaro no se toman en cuenta que, 25 de los 26 programas que fueron calificados como “cajas negras” presupuestarias en el análisis 2017 de la organización
 Gesoc, recibirán nuevamente recursos; y que, en 20 de
 estos, la propuesta del
 Ejecutivo apunta a aumentos de entre 0.1 y 53 por ciento, respecto a 2017.

Los resultados del INDEP 2017 fueron entregados el 24 de octubre pasado como parte de los trabajos que diputados federales, integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, llevan a cabo previo a la discusión y aprobación del paquete fiscal para el próximo año, el cual, se estima, quedará definido hacia la tercera semana de noviembre.

Las evaluaciones de desempeño y transparencia son reveladoras. Sólo 17% de los programas analizados por el INDEP para cinco años que suma el gobierno federal, reportan un desempeño destacado. Por el contrario, 58% arrojaron avances mediocres, dispersos o simplemente desconocidos.

EL INDEP SE HACE DESDE 2009 COMO UNA HERRAMIENTA QUE MIDE EL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN UNA ESCALA DE CERO A 100, TOMANDO EN CUENTA SU DISEÑO, CAPACIDAD Y COBERTURA. ADEMÁS, LOS UBICA EN SEIS CATEGORÍAS, QUE VAN DE ÓPTIMO A “CAJA NEGRA”.

La falla en la estrategia social no sólo se refleja en las carencias que persistirán en miles de comunidades que han quedado fuera del proceso de desarrollo nacional, sino que muestra también la falta de una revisión estratégica en la planeación de los presupuestos públicos, consideró Lorena Cortés, investigadora del Gesoc, y una de las autoras del índice de este año.

La mayor parte del presupuesto (para el rubro social), es decir, el 54%, se está colocando en programas con un bajo desempeño o en condiciones de opacidad”, señaló la investigadora, y agregó que, incluso en la discusión del PEF para 2018, “las decisiones no se están tomando con base en la evidencia, en la calidad de los programas, sino con criterios muy diferentes”.

 

La caja negra

En un contexto político-electoral volcado a la renovación de la presidencia para el próximo año, al menos 94 mil 816 millones de pesos podrían ser etiquetados y llegar a programas sociales cuyos objetivos no son claros ni medibles, o que incluso han dado muestras de su fracaso para mejorar la calidad de vida de las comunidades marginadas del país.

Ese monto, corresponde a 25 programas categorizados como parte de la “caja negra” del PEF 2017, y que en el proyecto del PEF 2018 llevan aumentos presupuestarios que podrían ser autorizados para su ejecución a lo largo del año próximo.

En esta situación están señaladas 14 dependencias del gobierno federal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como los órganos federales que mantienen programas sociales de los que prácticamente desconocen sus resultados, pero que reciben miles de pesos cada año.

Destaca el caso de cinco programas a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo único que esta dependencia opera y que pueden ser considerados por el INDEP para su evaluación. En todos fueron detectadas fallas insuperables en materia de transparencia. Con excepción del Programa Nacional de Prevención del Delito que no tuvo asignaciones presupuestales, los restantes recibieron 47 mil 59 millones de pesos para gastar este año.

Esto significa que la dependencias que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong concentra 54.5% del presupuesto calificado como opaco. Por si fuera poco, y aun cuando ni la propia dependencia tiene certeza sobre el uso del dinero, en el proyecto de presupuesto para el año siguiente, cuatro de esos programas llevan propuestas de aumentos de entre 3.5 y 16.5%, respecto a lo que recibieron este año en el proyecto del Ejecutivo federal.

REMONTADA. En 2012, cuando comenzó la gestión de Enrique Peña Nieto, había 11 millones 528 mil 950 pobres extremos en México. Para 2016, la cifra bajó a nueve millones 375 mil 581, de acuerdo con el Coneval.

Estos cinco programas a cargo de funcionarios de la Segob fueron creados para prevenir y disuadir la comisión de delitos, ofrecer subsidios en materia de seguridad pública, administrar el sistema federal penitenciario y para el desarrollo de políticas y servicios migratorios.

Sin embargo, la descomposición social vinculada a la inseguridad toca regiones que cinco años atrás permanecían fuera de los focos rojos nacionales. Es el caso de la Ciudad de México, que tan sólo de mayo a agosto de este año reportó un incremento de 50% en los delitos de alto impacto, como son el homicidio doloso y los robos con violencia, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el último reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, la capital del país se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en el delito de robo a transeúnte, así como en los terceros lugares para robo con violencia y en robo a negocio.

A nivel nacional, la incidencia delictiva no es más alentadora, ya que los estados reflejan una crisis de violencia que no se reportaba desde 1997, cuando se inició oficialmente el registro de homicidios y demás delitos. Según dichas cifras, los focos rojos con los índices de criminalidad más altos en lo que va del año han sido detectados en Tabasco, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, Colima y el estado de México.

Aunado a ello, la crisis penitenciaria que se ha agudizado en los últimos años ha permeado en la mayoría de las prisiones del país, provocando que las situaciones de autogobierno, hacinamiento, sobrepoblación, riñas y motines persistan, y en el peor de los casos vaya en aumento. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 65% de las prisiones del país se encuentra bajo el control del crimen organizado. Vinculado a la protección de los derechos de mexicanos migrantes destaca el Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia consulares, el cual, aunque con fallas en materia de transparencia presupuestaria, llegará a la discusión presupuestaria en San Lázaro con un incremento proyectado de 53%, en relación a los más de 546 millones de pesos que recibió en 2017.

La opacidad que afecta a este programa a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no sólo no permite saber cómo se han ejercido los recursos a favor de los mexicanos que viven en el extranjero, sino que tampoco permite conocer, efectivamente, si los consulados y embajadas mexicanas han fortalecido sus actividades para la protección y asistencia de los connacionales.


De esto ya conocían diputados federales y senadores, quienes el 20 de junio pasado, como integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, turnaron un punto de acuerdo para exhortar a la SRE a que informara si el programa había atendido un señalamiento del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que cuestionaba los mecanismos de diagnóstico del mismo.

Los últimos datos públicos con los que el Gesoc realizó el INDEP 2017 continuaron siendo insuficientes para medir la efectividad de este programa consular, así como para dar rastro a los recursos que le fueron asignados y ejercidos.

ES EL MUNDO AL REVÉS: EL GOBIERNO FEDERAL OPTÓ POR DOTAR DE MAYORES RECURSOS A LOS PROGRAMAS QUE HAN DEMOSTRADO SER INEFICACES EN EL COMBATE A LA POBREZA Y AL REZAGO SOCIAL O QUE SON OPACOS; FRENTE A LOS QUE HAN REPORTADO UN DESEMPEÑO DESTACADO.

Fecha de publicación: 09-11-2017


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