Por Eliott Valdez Montaño

El día llegó. Fue este jueves. Faltaba poco para que los pescadores de San Felipe decidieran enfrentarse de una manera violenta con el Gobierno Federal, y finalmente la fecha ocurrió. Un operativo que terminó con tres personas heridas, una de gravedad fue el chispazo que encendió la pólvora de la cual la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador no sale librada.

Todos sabemos que San Felipe ha sufrido el abandono de los gobiernos desde hace varios años: el turismo se ha convertido en la única fuente de sostenimiento para las familias porteñas, ya que desde hace cuatro años se ha prohibido la pesca bajo el pretexto de la preservación de la vaquita marina, tiempo en el que dichos estudios no han dado resultados, creando la versión de que dicha especie al parecer ya ni existe.

Al darles el tiro de gracia al desarrollo de San Felipe, el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto se congració entregando una compensación económica a los pescadores afectados por la veda; sin embargo, esto fue insuficiente para poder atender las necesidades de ellos y sus familias. Y si sumamos la manía de cualquier nueva administración de destruir todo lo que hizo lo anterior, nos encontramos con que en la cuarta transformación las cosas seguirán igual.

Podrá decir la Secretaría de Marina que el pescador que resultó gravemente herido formaba parte de un grupo que atacó el barco Sea Shepherd, perteneciente a una organización dedicada a la conservación de las especies, que el disparo fue “accidental”, que van a investigar, etc., pero lo que el Gobierno Federal deberá de decir es qué va a hacer para resolver, no el incidente de ayer, sino cómo atenderá el añejo problema del abandono que ha sufrido San Felipe desde hace tiempo.

Salir a pescar el sábado como lo promueve la senadora León, no resolverá el problema; al contrario, debería aprovechar la tribuna para exigirle a la Federación y sobre todo al presidente López Obrador que atienda al puerto; no todo es la cervecera ni el gobernador del Estado, Baja California tiene problemas que son responsabilidad de la Federación, y los legisladores federales deberán decidir, si mantener silencio ante el presidente que adoran o de verdad ser representantes del pueblo y exigirle respuestas al “hijo predilecto” de Macuspana. Tienen el poder, ¿o no pueden?