El PAN anunció que a partir del 1 de diciembre presentará amparos y juicios de nulidad tras la consulta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que llevó a cancelar las obras en Texcoco. Acción Nacional exigió además transparentar las aportaciones financieras que se hicieron para la misma.

Asimismo, representantes del partido indicaron que hasta ahora tiene considerado presentar más de cinco solicitudes de acceso a la información dirigidas a los Grupos Parlamentarios de Morena en las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como a la Casa de Transición, al Partido Morena y al Gobierno Federal.

En conferencia de prensa conjunta, el secretario General del PAN, Fernando Rodríguez Doval, y el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra, exigieron que de manera inmediata los legisladores de Morena den a conocer los recibos con sus aportaciones, que se informe qué empresas se contrataron para la instalación y traslado de mamparas, quiénes contaron los votos, dónde se encuentran resguardados y quién efectuó los pagos.

“Esta consulta ha carecido, totalmente, de la transparencia mínima que se puede exigir a un ejercicio de estas características. No está clara la fuente de financiamiento. También, hemos detectado que el partido Morena está llevando a cabo acciones que no son parte de su objeto legal, como realizar una consulta que tendrá consecuencias en la vida de todos los mexicanos”, por lo que ya se presentaron dos denuncias ante el INE, por la realización de consultas que son una facultad exclusiva del Estado mexicano y otra en materia de fiscalización de recursos.

Adelantaron que en los próximos días el PAN anunciará más acciones y medidas del equipo jurídico que se ha conformado para cuidar el futuro de México a partir de las decisiones que se tomen en torno al proyecto del NAIM.

Recordaron que la única manera válida y legal para que el pueblo tome decisiones administrativas es acorde a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución, sin embargo la consulta de López Obrador “no la organizó el INE; no hubo una ubicación objetiva de las casillas con un método que permite el acceso universal; no hubo una pregunta objetiva avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); no se tuvieron funcionarios de casilla ciudadanos cuidando los votos de la consulta; no hubo representantes de cada una de las posturas de la consulta; no hubo tampoco, una impresión de boletas con candados de seguridad ni con medidas fidedignas y tampoco se cuidó la llamada cadena de custodia”.

Asimismo, señalaron que surgen otras preguntas como “cuántas boletas se imprimieron, las cifras que han dicho es que se iban a imprimir entre 500 mil y un millón de boletas. Ahora dicen que votó más de un millón de personas; cómo se resguardaron los votos, dónde está la certeza de los centros de votación, cuáles fueron los votos de cada casilla, qué acta se imprimió y qué acta se llenó en cada una de las casillas para darle certeza a la votación existente en cada una de éstas”.

Además, cuestionaron “quién elaboró y dónde están las actas de escrutinio, qué padrón electoral se usó –hay un grave problema con el uso del padrón electoral-, cuáles fueron los demás materiales y documentaciones para impedir el voto doble, si se usó tinta indeleble y se marcó la credencial para votar”.