Por Jorge Morán

Representantes del sector empresarial de Mexicali emitieron un posicionamiento en contra del refinanciamiento de la deuda del Estado y de los proyectos de Asociaciones Público Privadas aprobadas el pasado jueves, los cuales buscarán anular mediante la vía jurídica.

En conferencia de prensa este miércoles, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Rodrigo Llantada Ávila, lamentó el actuar del Congreso del Estado e hizo un llamado a los legisladores que votaron a favor de las modificaciones, así como a quienes no asistieron a la sesión, a “dar la cara” para justificar sus acciones.

“No nos oponemos a proyectos que abonen al desarrollo de nuestra región, sin embargo rechazamos la manera discrecional en que los diputados se condujeron: Sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y embargando los ingresos del Estado para garantizar su pago”, expresó.

Según datos técnicos presentados por los empresarios, la reestructuración de más de 12 mil 500 millones de pesos (mdp) en la deuda pública a largo plazo generará, en números reales, un ahorro de tan solo 72.8 mdp en lo que queda de la actual administración estatal, números que se ven opacados por un costo de 295 mdp únicamente en el refinanciamiento y un incremento en la deuda final de 26 mil 225 mdp (de 2019 a 2037) a 32 mil 143 mdp (de 2019 a 2039).

Es decir, no representa beneficio alguno para el Gobierno de Baja California.

Mientras que en el caso de los proyectos de APPs, la desalinizadora en Rosarito y el segundo piso del aeropuerto internacional de Tijuana, señaló que fueron presentados sin una opinión jurídica que los avalara en un clara violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo que permite buscar una vía para anular dichos dictámenes, ya sea a través de un amparo o un juicio de lesividad.