Por Jorge Berry

En menos de tres semanas, Donald J. Trump cumple dos años como presidente de Estados Unidos. Desde que tomó posesión, convirtió en prioridad de su gobierno cumplir con una de las promesas de campaña que más le redituó en cuanto a apoyo de sus bases electorales: la construcción de un muro fronterizo, pagado por México.

Esto último, el pago del muro, es lo que se le indigestó. Aún hoy, dos años después, está pagando los costos políticos de no poder cumplir. Puesto que México, con razón, se ha negado desde un principio a pagar el dichoso muro, Trump ha tenido que pedir fondos al Congreso. Ni con ambas cámaras bajo el control de su partido, logró que le autorizaran fondos y, a partir de hoy que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, le será todavía más difícil.

Trump, instalado en la necedad total, lanzó un ultimátum al Congreso: o le dan 5 mil millones de dólares para el muro, o no firmaría la iniciativa para mantener abierto al gobierno. Así, provocó el cierre del gobierno de EU desde días antes de la Navidad, y con el nuevo Congreso en funciones no se ven aún condiciones para lograr un acuerdo y reabrir.

Esto, pues, es un buen ejemplo de cómo una decisión visceral, divorciada de cualquier estudio técnico o científico, puede marcar un gobierno a largo plazo.

En México, acabamos de cumplir apenas un mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya tomó una decisión, basada en la víscera, que de no corregirse, marcará su mandato para siempre. Me refiero, por supuesto, a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.

Aunque lo intentan, los apologistas del régimen no logran establecer una justificación política para esta acción, porque no la hay. ¿Quién, en su sano juicio, puede estar en contra de la generación de un polo de desarrollo que traería carretadas de divisas a México y que significaría la creación de cientos de miles de empleos directos e indirectos? El argumento de que el proyecto estaba lleno de corrupción no es válido. La corrupción se investiga, se castiga y se elimina, pero el proyecto sigue.

Pero si políticamente la decisión es insostenible, financieramente menos. Con cifras claras y accesibles, el exsecretario de hacienda y excandidato presidencial José Antonio Meade se los demostró en un simple tuit. La respuesta del secretario de comunicaciones Javier Jiménez Espriú consistió en una descalificación indigna de un funcionario a su nivel, aunque ya sabemos que la dignidad del ingeniero no es precisamente lo suyo.

Cualquier análisis imparcial del tema concluye que es una pésima decisión. La única explicación plausible es esta extraña necesidad de borrar de la historia todo lo que huela a Peña (igualito que Trump, que quiere eliminar todo lo que hizo Obama), y a lo que el presidente López Obrador llama “neoliberalismo mezquino”. El rótulo es lo de menos. Uno esperaría que el jefe del ejecutivo pudiera reconocer que no todo lo que ha pasado en México antes de su entronización es malo. Cualquier ejecutivo medianamente capaz aprovecharía lo avanzado, y corregiría los errores del pasado. Pero no. El presidente opta por la destrucción, cueste lo que cueste, y en dinero, cuesta mucho.

No tardará en darse cuenta que su proyecto de Santa Lucía no es viable, y que en temas que involucran organismos su voluntad no es dogma, ni es suficiente. Si las autoridades de aviación no avalan Santa Lucía, nos quedamos sin NAICM, sin Santa Lucía y con un aeropuerto Benito Juárez que se cae a pedazos de lo viejo e inoperante que se ha vuelto.

De las muchas características que comparten Trump y AMLO, destaca la necedad. El propio López Obrador se describe a sí mismo como extremadamente necio. Y Trump, pues vemos su necedad prácticamente todos los días. Parece un desperdicio dejar marcada toda una administración por una necedad visceral. Pero ambos lo están haciendo.