El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra servidores públicos, y estableció castigar con dos y hasta con 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos.

Con 441 votos a favor y sólo una abstención, los legisladores modificaron la denominación del capítulo IV y el artículo 189 del código penal.

“Si el daño se comete en contra de un servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido”, señala el dictamen.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, dijo que los diputados se identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que necesita ser trabajada día con día”.

Subrayó que la seguridad pública es una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno. Agregó que hay entidades que registran altos índices de violencia contra funcionarios.

“Nos parece muy atendible llevar a cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, agregó.

La diputada que promovió la iniciativa, Carmen Julia Prudencio González, de MC, puntualizó que con este dictamen se salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones.

Expuso que cifras de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales, 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.

En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, patadas, con rocas y aerosol, y 210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.

Mencionó que su tarea es vulnerable debido a situaciones de confrontación que a diario se perciben en las calles, por lo que esto debe de ser atendido.

Prudencio González hizo un llamado para seguir avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de manera directa esta reforma.

Juan Carlos Villarreal Salazar, también de MC, presentó una modificación aceptada por el Pleno porque consideró que ningún servidor público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo tiempo.