El otro quinquenio

Sorpresa. En julio de 2014 diputados del PRI y el PVEM de la XXI Legislatura propusieron: “…El Gobernador que sea electo el primer domingo de junio de 2019, iniciará el ejercicio de sus funciones el día primero de noviembre de ese año y durará en su cargo hasta el 31 de julio de 2024”, es decir 5 años, porque técnicamente sí es factible.

Otra sorpresa. El PAN así como el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana fueron los proponedores del período gubernamental de 2 años. Los panistas argumentaron que era necesario fortalecer los procesos electorales intermedios, ya que la elección de Gobernador “aumentará la participación ciudadana y combatirá el fenómeno del abstencionismo”.

Por cierto, este “poderoso argumento” terminó fortaleciéndose en la elección anterior, en la que el 29 por ciento de las personas en el listado nominal fue a las urnas.

Pero una cosa es la exposición de motivos de un documento legislativo (el dictamen 01 de la Comisión de Reforma del Estado, aprobado con 24 votos a favor) en el que se incluyen casi todas las sugerencias con tal de lucir demócrata y otra el producto final resultado de tantos consensos y disensos sean necesarios hasta conseguir la satisfacción de los múltiples intereses.

Es importante destacar que la concurrencia de las elecciones fue una de las varias modificaciones constitucionales que fueron aprobadas en el verano del 2014, pero ninguna causó inquietud, ni siquiera la gubernatura de 2 años, a la mejor porque más de uno de los involucrados en el proceso estaba dispuesto a sacrificarse como un fugaz titular del Poder Ejecutivo.

En este año han ocurrido al menos dos intentos por modificar la reforma, los cuales han sido desechados por la Suprema Corte, arguyendo que fueron presentados a destiempo, pero nunca se ha discutido el contenido de la solicitud. Quizá eso ocurra pronto cuando la Corte deba decidir si lo hecho por la anterior Legislatura (dejar en 5 años el período de Gobernador) violentó la Constitución.

Quienes están a favor del cambio ofrecen al menos dos elementos: Se cumplió con lo que establece la fracción IV inciso “n” del 116 constitucional, que mandata homologar al menos una elección estatal con las federales y además, que la decisión original del Legislativo ni siquiera aprueba un test de proporcionalidad (es decir, que sí existían medidas alternativas idóneas que no trastocan el sentido de la reforma, por ejemplo, dejar en 5 años el período del Ejecutivo).

Para ponerle más sabor al caldo, resulta que algunos de los magistrados de la Suprema Corte se beneficiaron de manera retroactiva por cambios hechos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ampliaban el plazo de permanencia en sus cargos.

Al final de todo esto, tal vez vivamos un nuevo quinquenio en Baja California.

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