Por Francisco Garfias

Vamos a iniciar con una buena. Avanza la iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución, presentada por Morena, que busca arrebatar bienes a los “delincuentes de cuello blanco y de corbata Hermés”, vía la extinción de dominio.

Los senadores del MC ya le dieron el visto bueno, los del PRD también. No se diga los aliados del PT y el PES. El PAN la ve con buenos ojos. “Al PRI le resulta imposible oponerse”, nos dice el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, autor de la iniciativa.

Agrega: “Se trata de voltear hacia los políticos corruptos, a sus testaferros y cómplices…”.

La extensión de dominio es una institución en virtud de la cual, por sentencia judicial, se declara la pérdida de bienes de una persona a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado. Todo ello derivado de la comisión de actos tipificados como delitos.

El proyecto de decreto señala que procederá en casos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas.

Pero también en delitos por hechos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.

Miguel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, le quiere agregar al huachicol, lo que es bien visto por Morena.

En otras palabras, nunca más casos como el de Javier Duarte, acusado de robarse miles de millones de pesos, quien por obra y gracia del sistema de justicia, puede quedar libre en tres años y medio, y a gozar del botín.

Según Cruz Álvarez Lima, cualquier ciudadano puede denunciar ante el Ministerio Público a funcionarios cuyos bienes no fueron adquiridos legítimamente. El MP analiza el caso y si hay fundamento, lo lleva ante el juez que calificará si procede la extinción de dominio.

La intención es que el decreto llegue al pleno del Senado en cinco o seis semanas, calcula el senador por Tlaxcala.

Y puntualiza:

“Es una reforma de buena fe. Morena se la va a aplicar a sí mismo. Pero también alcanza a gobernadores en funciones y presidentes municipales del PRI, PAN y PRD.”

Javier Lozano, exsenador, opinó ayer sobre la iniciativa en Twitter. “Ojalá se concrete pronto”, escribió.

Ya no apostaría a que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se va a quedar en Texcoco. No después de los mensajes que dieron integrantes de lo que será el gabinete de AMLO en la reunión que sostuvieron el miércoles con los macheteros de Atenco.

Javier Jiménez Espriú, SCT; Josefa González Blanco Ortiz Mena, Semarnat, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, avalaron la versión de que la costosa obra es un “ecocidio”.

Encinas fue más lejos. Dijo que “está con el pueblo”, y que el proyecto que se desarrolla en Texcoco le pareció “un error por donde se le vea”: económico, de planeación y de desarrollo urbano; en el impacto social y ambiental”.

Sinceramente, no creemos que los futuros funcionarios hayan ido sólo a cilindrear a los macheteros de Atenco para después salir con que siempre sí continúan las obras allí.

En su postura subyace un mensaje de que el NAIM en Texcoco no es del gusto del presidente electo.

Jiménez Espriú ha reconocido que cancelar la obra costará alrededor de 100 mil millones de pesos. El último reporte daba un avance de un tercio en la obra. Hay mucho dinero invertido que se iría a la basura.

El designado titular de la SCT no ignora que los expertos de Mitre dicen que no es viable construir el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y mantener el AICM, al mismo tiempo.

Pero el miércoles, frente a los macheteros de Atenco, dijo que la parte financiera no es la más importante, sino los daños ambientales que se pueden ocasionar en Texcoco.

¡Ah! Ya no habrá consulta para que el pueblo decida dónde construir el nuevo aeropuerto. Ahora nos salen con que será una encuesta que, obvio, es mucho más fácil manipular.

En la batalla por el poder en la Cámara de Diputados que se traen Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, el presidente de la Mesa Directiva ganó un round.

Ayer se hizo oficial la salida de Óscar Argüelles de la Coordinación de Comunicación Social en San Lázaro y la llegada de Roselli Reyes, encargada de prensa de Porfirio.

“No me casé yo… fui invitado, asistí. Cada quien es responsable de sus actos. No fue una acción de gobierno, fue un evento privado. Yo fui a eso”: AMLO, al hablar de la suntuosa boda de su escudero, César Yáñez.

El magno evento social, por cierto, se llevó la portada de la revista Hola.

¡Faltaba más!

Ya pasó el 2 de octubre, pero la grilla sigue en la UNAM. Es cierto que la gran mayoría de los estudiantes ya regresó a clases, pero siempre quedan los radicales.

A las dos de la tarde de ayer llegó a las puertas de Rectoría un centenar de ultras de diversas universidades. Querían que Enrique Graue recibiera en mano el pliego de la asamblea.

Y como no les gustó el modito de los más cercanos colaboradores de Graue a la hora de atenderlos, bloquearon todas las entradas y salidas de la Torre de Rectoría. Amenazaron con tomarla si en seis horas no los atendía el rector.

Llovía a cántaros. Eso contribuyó a aflojar el fervor de los activistas. A las cinco salió el rector a la explanada. Lo hicieron esperar a que la “vocera del movimiento” le entregara el pliego petitorio que el propio Graue firmó.

Publicado por Excélsior