Lealtad y precisión

Hace cinco años, con el propósito de sostener un gobierno de resultados y cercano a la gente, el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, iniciaba una nueva administración estatal con amplias expectativas de crecimiento y con un tangible soporte de los diversos sectores productivos del estado.

Para el año 2015, era notorio el rumbo a la consolidación de una estrategia gubernamental en la que era visible la coordinación con los cinco Ayuntamientos; Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; así como con el Gobierno Federal, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y los representantes populares en el Congreso de la Unión.

Una muestra del perceptible apoyo popular del que gozaba la administración de Kiko Vega en ese momento, fue el triunfo arrollador de los diputados federales en la elección intermedia de ese año obteniendo triunfos inobjetables en los ocho distritos electorales de la entidad.

Sin embargo, al iniciar el año de 2017, el hartazgo de la sociedad, aunado con el fenómeno de la comunicación a través de las redes sociales, dejaron ver sus primeros frutos en Baja California, pero sobre todo en la capital del estado, donde fue impresionante ver y escuchar el clamor de más de 45 mil hombres, mujeres y niños reunidos en la explanada de Centro de Gobierno y sus alrededores.

Las demandas que con mayor fuerza se escuchaban eran de carácter federal: renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República; abrogación inmediata de reformas estructurales, entre ellas claro, el gasolinazo y tarifas eléctricas; eliminación del fuero, reducción del número de diputados y senadores, además de la eliminación de diputados plurinominales.

Para el gobierno estatal, las peticiones eran en sentido similar: renuncia inmediata del Gobernador Francisco Vega y de los diputados de la XXII Legislatura del estado; promover y apoyar un amparo ciudadano ante el gobierno federal para la eliminación del impuesto a las gasolinas, reducción de sueldos hasta 25 salarios mínimos y eliminación de beneficios especiales para funcionarios.

Luego de las manifestaciones vinieron los bloqueos a las oficinas gubernamentales y un descontrol generalizado de la relación sociedad-gobierno.

Por las circunstancias especiales que se dieron en ese entonces, los funcionarios en el área del Ejecutivo Estatal, se vieron sometidos a una gran presión que muchos de ellos no soportaron y prefirieron “ahuecar el ala”. Dentro del Partido Acción Nacional igualmente se observaron movimientos internos que tenían más intereses personales que otra cosa y las divisiones internas asomaron.

Para remachar, este fin de año, nuevos problemas: fenómenos migratorios que afectan la administración de recursos estatales, problemas financieros, falta de apoyo gubernamental federal y el advenimiento de una nueva campaña electoral, complican el funcionamiento de la administración estatal y la verdad sea dicha, pocos son los funcionarios que están cerrando filas con el Jefe del Ejecutivo Estatal para afrontar lo actual y lo que viene.

En este maremágnum, justo es reconocer la figura y el trabajo del actual Secretario de Desarrollo Social del Estado, Alfonso Álvarez Juan quien ha demostrado lealtad y precisión en sus responsabilidades, primero como Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y en otras tareas que se le han encomendado.

Es por ello que no hay que perderlo de vista para lo que se pueda venir en el futuro cercano.Al tiempo.