Costosa democracia

En todo el mundo, los partidos políticos resultan ser indispensables para el sostenimiento de la democracia, entendiendo esta como la forma de organización que le dará al pueblo derecho a elegir y controlar a sus gobernantes.

No obstante que en todas las democracias del mundo, el trabajo de los partidos no es aprobado al cien por ciento, ahí están y sobreviven gracias precisamente al financiamiento público, más que las cuotas de los propios seguidores, como se supone debería ser.

En México, ha sido tema de un debate nacional el excesivo financiamiento que reciben del erario los partidos políticos, tanto para sus tareas ordinarias, como para las campañas políticas, o sea todas sus acciones las pagamos los mexicanos vía impuestos.

De hecho en los debates se ha mencionado algo que muchos callan pero que no por ello deja de ser verdad, que varios de los partidos políticos se han convertido en verdaderos negocios familiares en beneficio de sus propios dirigentes.

Sin embargo en la democracia moderna, no es posible crear las condiciones para que esta exista, sin la presencia de los partidos políticos. Por ello la importancia de revisar las condiciones actuales en las que se les entrega el financiamiento establecido en las leyes.

En México la primer normatividad en materia de prerrogativas para los partidos políticos se dio en 1963 y se refería principalmente a la exención de impuestos de los ingresos privados. En 1973 se les otorgaron franquicias telegráficas y postales, así como el acceso gratuito a los medios de comunicación masiva (radio y televisión).

A la fecha, el financiamiento público a los partidos ha crecido de manera estrepitosa de tal forma que en los últimos veinte años, de 1997 a 2018, el estado habrá aportado para el sostenimiento de los partidos un total de 64 mil 375 millones 355mil 677 pesos.

Esa disposición de recursos públicos ha venido creciendo: en 1997 ocho partidos políticos, recibieron 2 mil 111 millones 493 mil 862; diez años después para el 2007 la cifra se incrementó a 2 mil 704 millones 100 mil 762 pesos para ocho partidos políticos.

Para el presente año, el financiamiento público que habrá de aportar el estado será de 4 mil 059 millones 213 mil 905 pesos. Aunque esta cifra aparenta ser escandalosa, no ha sido la mayor en un solo período, ya que en el 2015 se otorgó el monto más alto de prerrogativas con 5 mil 199 millones 695 mil 918 pesos.

Estas cifras nos ponen a pensar, porque no estamos hablando de tres pesos. Se trata de cantidades que, de ser aplicadas en un presupuesto, bien podrían emplearse a la solución de problemas de seguridad pública, generar economía en las ciudades y el campo, creación de empleos, etc.

Ahora falta ver el nuevo Congreso cuanto presupuesto destina a los partidos políticos en 2019 y los años siguiente. Al tiempo.