Por Eduardo Navarro González

Como reportero y servidor público, en todas las oportunidades que he tenido de atender operativos contra la delincuencia, nunca atestigüé una humillación a fuerzas del orden como la vivida por once militares en La Huacana, del municipio “Pueblo Viejo”, Michoacán, cuando fueron desarmados y privados de su libertad por pobladores que, para liberarlos, exigieron la devolución de armas que antes les habían asegurado, algunas propias del crimen organizado como un fusil Barret calibre 50, de los llamados “matapolicías”…

Las voces e imágenes de lo ahí ocurrido sigue fuertemente cuestionado por la vox populi mientras el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional, justifican –a su manera– el canje de las armas decomisadas por los once militares, porque así se evitó una posible tragedia y…al parecer, sanseacabó…

Sin embargo, esperemos que esta triste historia (donde no hay nada que festejar) no termine ahí, sino que las fuerzas armadas y persecutoras de delitos interactúen y demuestren llevar ante la justicia a quienes por medio de violencia atacaron a estos militares, porque si la impunidad se impone, entonces no tiene razón de ser lo dicho por el Secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo, quien culpó a gobiernos anteriores del tipo de delincuencia que tiene México.

Dijo el Secretario Durazo, a propósito de lo ocurrido en La Huacana, que esta situación de violencia e inseguridad es grave, tanto que es la peor desde los tiempos de la Revolución Mexicana por la tolerancia de gobiernos anteriores a la 4ª. Transformación…

Bueno, pues esperemos que este “michoacanazo” al ejército no quede impune y por otra parte que en el curso del sexenio lopezobradorista se depuren a fondo las corporaciones e instituciones públicas como no se hizo cuando –por ejemplo– el presidente Felipe Calderón emprendió la llamada “guerra” contra el narcotráfico.

Además y si los datos son verídicos, falta en las estrategias para mejorar la seguridad y garantizar la paz pública, que se haga efectiva la prisión preventiva para quienes portan armas (que ya está debidamente legislado en la Constitución, pero falta hacer la reforma o adecuación legal en el Código Nacional de Procedimientos Penales), según datos disponibles.

Por lo demás, para los policías, militares o marinos, investigadores y personal que trabaja para garantizar a la población seguridad, tranquilidad y cero impunidad a delitos, falta también la impostergable necesidad de que tengan todas las herramientas legales, técnicas y profesionales para defender su vida, porque si bien es “natural” que la arriesguen en el cumplimiento de su deber, también toca a la sociedad procurar y exigir garantías a su favor, porque en esta lucha los delincuentes, por su sola naturaleza, deben ser sometidos y superados en todo sentido, no al revés. ¿O no?