Por Pablo Hiriart

Cuando de educación se trata, a nuestro presidente electo le embarga la demagogia y de un plumazo echa para atrás el futuro de casi 25 millones de niños que cursan educación básica.

López Obrador remachó esta semana en Chiapas que va a “cancelar, abolir la llamada reforma educativa”.

Ahí está la principal herramienta para sacar a millones de mexicanos de la pobreza: educación de calidad.

Y López Obrador la va a tirar a la basura para cumplir con las clientelas sindicales que le han acompañado y lo llevaron al poder.

Niñas y niños: cuando crezcan no habrá piso parejo para competir por un puesto de trabajo pues no estarán preparados al nivel de los egresados de las buenas escuelas privadas.

A vivir de las dádivas del gobierno y a votar por los candidatos que les indiquen para no perder el apoyo.

Si tiene tantos ánimos para preguntar al “pueblo sabio” hasta qué debe hacerse en temas de aeronáutica, que el futuro presidente mejor pregunte sobre esta decisión política trascendental:

¿Queremos que la educación siga manejada por los sindicatos?

¿Estamos de acuerdo en que se ingrese al magisterio por herencia de plazas o vía las normales, estén o no capacitados los futuros docentes?

¿Aceptamos que se promueva a directores de escuela, subdirectores e inspectores de zona por méritos sindicales?

¿Deshacemos el sistema nacional de evaluación creado por la Reforma, que es autónomo y está blindado contra las presiones políticas y sindicales?

Eso es lo que va a echar abajo el presidente López Obrador en diciembre.

Que pregunte el presidente qué dicen los padres de esos niños cuyos maestros viven la mitad del tiempo en marchas, boicots carreteros o en tareas sindicales, y pasan de curso a los alumnos en virtud a acuerdos políticos con la autoridad educativa estatal.

¿No los vas a pasar? Entonces te incendio la secretaría y bloqueo el aeropuerto.

Todo eso había acabado, en gran medida.

La reforma educativa ya había pasado la prueba del ácido.

No pasó, eso sí, la prueba de la demagogia del próximo equipo gobernante.

Ya 206 mil maestros obtuvieron la plaza o ascenso a través de un examen.

Ciento cincuenta y tres mil plazas se asignaron por concurso, en el que participaron normalistas y egresados de universidades.

Hasta la generación de normalistas 2014-18 de Ayotzinapa se evaluó: de los 67 que hicieron el examen, 46 ya tienen su plaza de maestros gracias a méritos académicos.

Eso ya estaba en marcha y la demagogia lo va a echar abajo.

Por primera vez en 20 años no hubo paro magisterial en mayo.

Se evaluó el 99 por ciento de los maestros convocados en Chiapas, el 80 en Oaxaca, el 100 por ciento en Guerrero y el 97 por ciento en Michoacán.

El año pasado se concluyó la auditoría a la nómina magisterial y se rescataron cuarenta mil (sí, 40,000) plazas ocupadas por aviadores que devengaban al año cinco mil millones de pesos.

Hoy esas plazas las ocupan maestros de carne y hueso que lograron estar frente a los alumnos gracias a concursos.

Es mentira que todo se hizo a espaldas de los maestros. Si no quiso participar la CNTE es su problema, pero los docentes sí estuvieron.

En número superior a los cien mil, los profesores intervinieron en la elaboración de los nuevos planes educativos, de manera presencial u on line, coordinados por el CIDE.

Hubo más de 200 foros en toda la república, que concluyeron con la transformación del actual modelo pedagógico.

Falso que no se ha capacitado a maestros: se hizo en más de un millón de casos.

También es una chapucería clasista argumentar que la evaluación debe ser “contextualizada” en cada región, como si las matemáticas fueran diferentes en Chiapas y en Nuevo León. O la literatura o el inglés.

Caro pagarán generaciones de mexicanos si no advertimos ahora el riesgo de regresión que se plantea en el terreno educativo.

Volveremos a estar recostados sobre un cactus, medio dormidos en un país donde desde la niñez se perfilan quiénes van a mandar y quiénes van a recibir órdenes.

Quiénes van a tener buenos salarios y quiénes ganarán poco o vivirán atados a la bondad de los funcionarios que administren los programas sociales.

Es el precio de la demagogia educativa del nuevo equipo gobernante.