Por Rubén Cortés

Correspondía decirlo al presidente. O, por alguna consideración política especial, al canciller Ebrard. Pero fue una familiar política del mandatario quien anunció ayer una buena en nuestra política exterior: México no permitirá violaciones a los derechos humanos de los opositores en Venezuela.

La embajadora en Washington, Martha Bárcena, lo dijo luego de una reunión del presidente, el canciller y ella, con congresistas estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano, que el caso de Venezuela surgió en el encuentro.

La noticia mueve una ficha nueva en el escaque de nuestra política exterior hacia la dictadura de Venezuela, aun cuando la embajadora aclaró que el presidente ratificó su opinión de que el diálogo es la solución a la crisis, basado en la “no intervención”.

Aunque la violación de los derechos humanos es cotidiana en Venezuela. Ayer mismo, en un ejemplo del sometimiento de la justicia al poder del dictador Maduro, el Supremo venezolano ordenó quitar la inmunidad parlamentaria al diputado y presidente encargado Juan Guaidó.

Juan Guaidó es considerado presidente legítimo por más de 50 países (entre los cuales no figura México), que a su vez consideran gobernante usurpador a Maduro, porque se erigió presidente en unas elecciones en las que prohibió participar a la oposición y la vigilancia internacional.

Más todavía, en otro caso de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el mismo día en que nuestro presidente dijo que no permitirá violaciones a los derechos humanos de los opositores, la policía del dictador gaseó a miles de opositores que se manifestaban en su contra.

Incluso, ayer también recibió nuevo armamento la Guardia Nacional Bolivariana: una milicia compuesta por un millón de ciudadanos cobijados por programas sociales del gobierno y que es considerada en el lenguaje oficial un “ejército popular”, entrenado y armado por el Ejército.

Sí, no deja de ser una buena noticia que México no vaya a permitir violaciones a los derechos humanos de los opositores en Venezuela, pero lo cierto es que esta posición debe de ser patente en la ONU, la OEA, el Grupo de Lima, en todos los foros internacionales en los que es tema.

Además de que lo ideal sería escucharla de viva voz del presidente (sin demeritar a la embajadora), ya que se trata de un planteamiento de connotaciones relevantes en la política hemisférica, en la que México es una nación poderosa y ejerce una incidencia respetada.

Porque no se vale tampoco jugar con las palabras. En Venezuela no se respetan los derechos humanos casi desde del triunfo del populismo en 1999: ya no quedan medios de prensa independientes, apenas existe propiedad privada, hay presos de conciencia y no existe Estado de Derecho.

Lo bueno es que México ya lo rechaza.