Por Raymundo Riva Palacio

La tragedia de Tlahuelilpan, donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble desgracia. De la humana, las crónicas y el número creciente de personas fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental, sólo hay omisiones inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción federal y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así como también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula, el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal –llegó primero la prensa que ellos–, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general son una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia, en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al saber que violaban la ley– por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”; y el inciso dos, que obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”.

En el caso de las personas que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación–, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos dos últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto, a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace ocho días, cuando habló del desabasto de gasolina, el Presidente dijo que se trataba de “un asunto transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica, que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo, aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el Estado de derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza –no lucra– la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.