Por Exaltación González

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana al Tribunal Electoral de Baja California al determinar que la próxima gubernatura será de 2 y no 5 años como lo había determinado el órgano local apenas el 24 de febrero pasado.

La realidad el golpe del tribunal federal fue para los magistrados bajacalifornianos Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, quienes votaron a favor de que la gubernatura fuera de 5 años sin ningún tipo de fundamento legal.

Los magistrados Loaiza Cervantes y Vargas Flores quedan ahora en ridículo ante el gremio de abogados de Baja California, y más aún, ante la sociedad en general en virtud de que demostraron tener muy poca capacidad  y conocimientos de derecho electoral para desempeñar su trabajo.

La determinación del Tribunal Electoral de la Federación fue como un manotazo a dos chamacos malcriados que solo buscaron un beneficio personal y no el cumplimiento de la ley.

Mientras tanto la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, queda como la única integrante del tribunal bajacaliforniano que toma decisiones con la ley en la mano, y no al calor de emociones o intereses personales o de grupo.

Por lo pronto todos aquellos que ya soñaban con una gubernatura de 5 años, tendrán que despertar en la realidad, y a la realidad indica que será de 2 y no de 5.

Enseguida se publica el comunicado oficial confirma que la próxima gubernatura será de 2 años:

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California que ordenó al Instituto Electoral de la entidad emitir una adenda a la convocatoria para la elección de gobernador de la entidad, con el objeto de que el plazo de ejercicio del referido cargo sería de cinco años y no de dos.

Inconformes con esta decisión, diversos partidos políticos y ciudadanos impugnaron la sentencia dictada en los recursos de inconformidad RI-18/2019 y acumulada.

El Pleno de la Sala Superior determinó que el Tribunal Electoral local no debió entrar al estudio de fondo del recurso RI-18/2019, toda vez que la demanda en la que la ciudadana Blanca Estela Fabela Dávalos impugnó la convocatoria para la elección del gobernador del estado se presentó fuera del plazo de cinco días que establece la legislación local.

Con ello, el periodo de la próxima gubernatura será de dos años, y no de cinco como se planteaba.

Derivado de lo anterior, quedó insubsistente el estudio de fondo realizado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California respecto del plazo que debe durar la gubernatura y todos los actos que se hubieran llevado a cabo en cumplimiento de dicha sentencia.