Por Francisco Garfias

Se intensificó el jaloneo de cara a la elección del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nos llegó la versión de que AMLO tiene “delfín” para suplir a Luis María Aguilar, y que hay “mano negra” para ayudarlo.

Una voz bien informada nos asegura que miembros del gabinete han hecho llamadas a los ministros del máximo tribunal para “recomendarles” que el próximo dos de enero, fecha de la elección, voten por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El tema no es menor. El Judicial es el único poder que ha podido hacer un contrapeso efectivo al Ejecutivo.

En el explosivo tema de los salarios prevaleció el artículo 94 de la Constitución, que prohíbe bajar las remuneraciones a jueces, magistrados y ministros durante su encargo.

Y eso, a pesar de que para los pejistas es casi religión la prohibición a cualquier funcionario de ganar más que el presidente de la República.

A recordar que en tiempos del priato, al presidente de la Corte lo nombraba directa o indirectamente el primer mandatario de la Nación.

Pero a partir de la reforma que hizo Ernesto Zedillo, en 1995, la decisión recae en los once ministros que integran el Pleno de la institución.

División de poderes obliga.

El sucesor de Luis María Aguilar ocupará el cargo por cuatro años y no se podrá reelegir como ocurría antes de la reforma de 1995.

Falta poco para saber si efectivamente hubo “mano negra” y cuántos ministros atendieron la “recomedación”.

Agregue que en el Senado no han podido llegar a un consenso para elegir al sucesor de José Ramón Cossío en la Corte.

Los momios favorecen a Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero aún no se logra la mayoría calificada (dos tercios) que se requiere.

Hay voces que se alzan para pedir que se aplace la elección del sucesor de Cossío para enero. En ese caso sólo votarían diez ministros el 2 de enero.

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El abierto conflicto que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha afectado la credibilidad de una de instituciones indispensables en la Transformación.

Las declaraciones del magistrado José Luis Vargas en contra de la Presidenta del Tribunal, Janine Otalora, lo dejan muy mal parado.

Se fue de la boca cuando declaró que Janine carece de imparcialidad para presidir el TEPJF, por lo que no es apta para ejercer el rol de presidenta del TEPJF, luego de que ésta votara contra su propuesta de anular las elecciones en Puebla.

Pareciera que Vargas, otrora operador del PRI, anda de “queda bien” con el mandamás de la 4ª Transformación, a la que se trepó de última hora.

Lamentable.

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No queda claro el origen de los 23 mil millones de pesos que “se sacaron del cajón” (el copyright es del priista Enrique Ochoa) los diputados de la mayoría presidencial para ponerlos como ingresos adicionales al Presupuesto 2019.

La reserva que presentó el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, aprobada por el pleno, elevó los ingresos calculados para el próximo año de 5 billones, 814 millones 291.7 a 5 billones 838 millones 059 pesos en menos de cinco días.

Para captar esos “recursos fantasma”, que incluyeron en la Ley de Ingresos, combatirán las “facturas fantasma”.

Es decir, van a apretar en serio al contribuyente.

Buscarán reducir la evasión y elusión fiscal.

“Para dimensionar el problema basta con señalar que el número de contribuyentes detectados que han emitido comprobantes fiscales por actividades inexistentes aumentó en más de 307 veces entre 2016 y 2018”, dijo Carol.

De esos 23 mil millones que el sábado no existían hay que descontar, por Ley, los 7 mil millones de pesos en participaciones que le tocan a Estados y Municipios.

Otros cinco mil millones para corregir el “error” de reducir los presupuestos de las universidades públicas.

Hay fuertes presiones para reponer recursos a los programas para las mujeres, y a los ramos de cultura y ciencia.

La bronca es que el Presupuesto tiene un margen de maniobra muy limitado, lo que significa que este tipo de ajustes (y el posible déficit de ingresos durante el año) podrían agregar presión a los planes del gobierno.

“Cualquier ajuste al Presupuesto que incremente el gasto (como los recursos asignados a las universidades) y otros costos adicionales (como la cancelación del aeropuerto) complicará la capacidad de la administración para cumplir con su 1 % del PIB objetivo de superávit primario, destacando los riesgos para los saldos fiscales”, advierten los expertos del grupo Eurasia.

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Un punto que preocupa es el decreto anunciado por AMLO –no se incluyó en Ley de Ingresos– para bajar de 35 a 20 por ciento el ISR en la zona fronteriza y de 16 a 8 por ciento el IVA.

Eso puede descomponer los números y poner nerviosos a los mercados. “Hay que vigilarlo”, subraya el ex subsecretario de Egresos, Fernando Galindo.

El cálculo oficial es que con esa medida se dejarán de recaudar 40 mil millones de pesos. Los analistas, sin embargo, hablan de 80 mil millones.

Y Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, ha escrito que que se dejarán de recaudar los 120 mil millones de pesos.

Es mucho dinero para un gobierno con tantos planes de gasto.

FIN.