Por Martín Moreno

+ Salarios agraviantes, privilegios inaceptables
+ ¿AMLO disolverá, como Zedillo, a la Corte?

Más allá de los sueldos exorbitantes y privilegios de reyes que por décadas han gozado dentro del Poder Judicial – uno de los tres poderes soporte del sistema político mexicano-, la percepción que se tiene de la mayoría de jueces y magistrados, es una: corrupción. Entre los sectores que mayor desconfianza provocan a los ciudadanos están los impartidores de una justicia que, hoy por hoy, está lejos de ser garante de imparcialidad y que se ha convertido en fuente inagotable de turbios manejos que favorecen a poderosos y criminales.

Sí: por un lado, son los sueldos públicos agraviantes que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia (por cierto, la SCJN tiene una calificación muy baja, de apenas 6.1 de aceptación entre los mexicanos, de acuerdo a reciente encuesta de Consulta Mitofsky en noviembre pasado), que los ubica en un nicho de privilegio insultante dentro de un país empobrecido.

“No ganamos 600 mil pesos mensuales”, refutan los ministros de la SCJN al presidente López Obrador. Cierto. Ganan 578 mil 186 pesos al mes. (Fuente: Anexo 24.5.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018). 22 mil pesos menos que lo dicho por AMLO. 600 mil o 578 mil resulta, en la praxis, un salario ofensivo. A ello, habrá que sumarle cuantiosos privilegios: boletos de avión, gastos médicos mayores, gasolina, aguinaldos estratosféricos, bonos anuales, etc, a costa de los impuestos de millones de mexicanos.

Ser ministro de la Corte en México equivale a sacarse la lotería con el premio mayor.

Pero hay más.

Por otro lado, está el nepotismo en abundancia.

Esposa(o)s, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, amigos, socios, parientes, todos caben en la súper nómina del poder judicial sin ningún recato ni pudor, dentro de un espectro de intocabilidad porque, al paso de los años, se ha convertido en una especie de cofradía que condena a la hoguera a todo aquel que se atreva a desafiarla, ya que el resultado le será adverso. ¿Por qué? Porque en tribunales, la casa gana. Siempre.

Corrupción, pues.

En mi columna: “De qué hablo cuando hablo de desmontar al sistema”, del 21 de marzo pasado en SinEmbargoMX, señalé:

“La SCJN está integrada por alfiles del poder político-priista. La Corte es influenciada, en muchos casos, desde Los Pinos, mediante conveniencias, premios o amenazas. Ejemplos sobran. No la podemos considerar un órgano autónomo que beneficie a los intereses de una nación. Mientras siga dominada por la nomenclatura priista, estará supeditada a los mandatos del PRI”.

Ejemplo de carne y hueso: ¿quién podría dudar de que Eduardo Medina-Mora es uno de los magistrados de la Corte menos confiables y más cercanos al tradicional poder político en México, de cual es fiel guardian? Ligado siempre al PRI y a Felipe Calderón, de quien fue procurador General de la República, es un personaje que provoca desconfianza y que podrá ser todo, menos una garantía de imparcialidad. Su pasado le pesa como una cruz de madera. Es uno de los símbolos de la nomenclatura del poder.

Cierto: las formas bajo las cuales AMLO y los puntales de la IV Transformación pretenden terminar con los súper sueldos y los privilegios de los jeques de la justicia en México, no han sido las más adecuadas. Adolecen de una práctica cada vez más frecuente y preocupante del nuevo gobierno: la improvisación, ejercer facultades sobre las rodillas, más influenciados por la ideología del cambio radical que preocupados por apegarse a una ley que, efectivamente, está diseñada para proteger a las élites del país pero que, empero, es la que tenemos y mientras tanto habrá qué respetarla. Habrá, sí, que cambiar las leyes. Eso es un clamor cuasi generalizado.

El encontronazo ya se dio: poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial que se aferra a las nocivas y viejas prácticas sobrevivientes del priismo más añejo y de un panismo con olor a PRI, el que gobernó del 2000 al 2012 a México, cuando jueces y magistrados permanecieron intocables y se erigieron, sin afán de exagerar, en poderosos caballeros ligados a los poderes políticos y financieros, olvidando su misión principal: ser guardianes de la justicia popular y estar al servicio de los ciudadanos.

Ahora, allí están las consecuencias: tantos años de burocracia dorada impune que ahora se ve amenazada por un nuevo gobierno que, a trompicones y tropezones, pretende volverlos mortales y regresarlos a la justa medianía que proclamaba Benito Juárez y que, sin duda, es punta de lanza del gobierno lopezobradorista.
¿Quién ganará esta batalla?

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En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo decidió reformar al Poder Judicial a fondo. ¿Cómo? Jubilando a todos los ministros de la Corte. ¿La razón oficial? Reducir la influencia del Ejecutivo y de la política en la impartición de justicia. Así, 11 de 18 ministros propuestos, fueron aprobados por el Senado. Fue un episodio que Zedillo ganó sin ningún conflicto ni rebelión alguna por parte del poder judicial.

Ahora, la historia se podría repetir: que otro Presidente (AMLO), decida disolver a la Corte por la vía legal, ante las resistencias que presenta en la batalla por reducir los sueldos y privilegios que hasta ahora goza. El Ejecutivo tiene esas facultades, ya demostradas en 1994.

¿Ayer Zedillo, hoy AMLO?

En determinado momento, López Obrador deberá decidir qué hacer con la SCJN: diluirla, jubilando a todos sus Ministros, o resignarse a solamente reducir un porcentaje de sus sueldos y algunas prestaciones. Será su decisión histórica.

El siguiente conflicto, entonces, sería:

¿A quiénes propondría AMLO como nuevos ministros de la Corte? Porque por lo visto hasta ahora, su reciente terna es otro ejemplo del sistema de cuotas y cuates que tanto ha dañado la confiabilidad e imparcialidad de los órganos de justicia.

Pero esa será otra historia que abordaremos en esta columna.