Por Jorge Morán

Diez de los 25 diputados de la XXII Legislatura de Baja California presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de dejar sin efecto la sesión en la que fueron aprobados el refinanciamiento de la deuda pública del Estado y los proyectos de APPs de Tijuana y Rosarito.

La diputada Victoria Bentley Duarte explicó que el recurso fue presentado en tiempo y forma ante el Máximo Tribunal argumentando la violación de los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 117 de la Carta Magna; los artículos 22 al 24 de la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios; los artículos 28 al 34 de la Constitución Local; así como los artículos 119, 121, 124 y 145 de la propia Ley Orgánica del Congreso del Estado.

“De todos es conocido que el día 28 de marzo se violentó la constitución de Baja California, se aprobó de manera violatoria los famosos endeudamientos: Dos APPs y el refinanciamiento de la deuda del Gobierno del Estado, violentando todos los procesos parlamentarios y la propia Constitución”, expresó.

Además de Bentley, el escrito fue firmado por los diputados Héctor Ireneo Mares Cossio y Nibardo Flores Heredia por Morena, Bernardo Padilla Muñoz y Marco Antonio Corona Bolaños Cacho del PRI, Miguel Antonio Osuna Millán del PAN, Teresa Patricia Valerio Pérez por PT, José Antonio Casas del Real de Transformemos, José Luis Bribiesca Alcolea del PBC y Rocio López Gorosave por PRD.

Bentley Duarte refirió que se cuenta con un antecedente en el estado de Colima, donde aseguró que la Suprema Corta ya dio marcha atrás a un endeudamiento por que dicha entidad no contaba con la viabilidad económica para sostenerla.

Se contempla que sea la próxima semana cuando los legisladores acudan a una reunión con los magistrados de la SCJN en la Ciudad de México, donde se determinará si se otorga o no una suspensión a los proyectos antes aprobados.

“De ser favorable y lograr la suspensión ya no se podría continuar con ninguno de estos proyectos (APPs) hasta que la Suprema Corte definiera la resolución final”, precisó la legisladora.