Por Francisco Garfias

Arrancó ayer el Periodo Ordinario de Sesiones. La Agenda Legislativa de la aplanadora de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión está conformada por las prioridades del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por delante va la Guardia Nacional. Su creación requiere Reformas Constitucionales. Pasó en la Cámara de Diputados con cambios cosméticos para simular que el mando lo tendrían los civiles. Pero salvo en lo administrativo, que queda bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, el mando real estará en manos militares.

La minuta se atoró en el Senado, y no precisamente por falta de consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias. La razón estaba en Palacio Nacional.

AMLO hizo pública su molestia por la decisión de los diputados de quitar el artículo transitorio que legalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública –lo que corresponde a la Policía–, en tanto se consolida la Guardia Nacional. Se calculaban cinco años.

Ricardo Monreal acusó recibo. Al coordinador de la bancada de Morena en el Senado le quedó claro que había que reponer ese artículo transitorio en la minuta. La bancada guinda, sus aliados de siempre –y lo de última hora– se plegaron a la línea de Palacio.

Hubo intentos por convocar a un Período Extraordinario para reinsertar el transitorio. Ricardo intentó el consenso con La Oposición que se mostraba proclive a los acuerdos: el PRI.

Las reformas para crear la Guardia Nacional necesitan una mayoría calificada de senadores (86 de 128.) El PAN, 24 senadores, mantuvo su postura en contra. El PRI, 14 senadores, endureció la suya para vender caro su amor.

A Morena les bastaría que el MC –ocho senadores, si sumamos al ex priista Noé Castañón– , y algunos de otras bancadas, les dieran ganas de ir al baño a la hora de la votación para salirse con la suya.

Al PVEM, seis senadores, los morenos los tienen en la bolsa. Lo mismo que al PES, cinco, y al PT, seis. Con Miguel Mancera, jefe de los cinco del PRD, se puede negociar. No así con el independiente, Emilio Álvarez Icaza.

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Otro tema importante en la agenda son las modificaciones al Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de “delitos graves” que ameritan “prisión preventiva oficiosa”. A esta categoría se incorporan el robo de combustibles –la guerra del Presidente al huachicol–, la corrupción –compromiso de campaña- y los delitos electorales.

La bronca es que a las ONGS que defienden Derechos Humanos se les pusieron los pelos de punta. La iniciativa choca frontalmente con la presunción de inocencia, que apenas en 2008 fue elevada a rango constitucional. Impone un castigo por adelantado a los acusados de delitos graves. Es cierto el hartazgo por la impunidad, pero el “populismo penal”, como lo llamó la revista Nexos, no va a resolver ese tema…

La Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana, la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, la revocación de mandato, completan, entre otros muchos temas, el menú del período de sesiones que concluye el 30 de abril.

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Ayer escribimos en este espacio que Interpol México, apoyada por elementos que portaban camisas de la PGR (hoy Fiscalía General), se llevaron de una escuela en Polanco a la niña Mila Vila Biére Ortiz, sin notificación previa a la madre, y después de monitorear sus movimientos durante una semana. Su intención era llevarla directamente al aeropuerto para que volara a Francia.

La sustracción de Mila, nacida en Francia hace dos años ocho meses, se realizó por orden de la juez de lo familiar, María Margarita Gallegos López, a partir de una solicitud de “restitución” que emite la Autoridad Central de Francia, luego de que la justicia gala otorgara la patria potestad de la niña al padre, Benjamín Biere.

La intervención de la juez, nos aclara la madre de Mila, evitó que la niña saliera del país.

La embajada de Francia en México se deslindó de la acción de Interpol, en un correo que Estelle Grillo Covez, cónsul adjunta de ese país, envió a la madre de Mila.

“Investigué y no tuve conocimiento en la embajada, ni en el consulado, de una acción de Interpol en México respecto al conflicto entre usted y su ex esposo y de la custodia de Mila. No dude en contactarme para avisar qué pasó”, dice el mensaje.

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Estoy de acuerdo con el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuando dice que es un “abuso” que un país tan poderoso como Estados Unidos nos mande a centroamericanos que no quiere en su casa. Van a estar aquí mientras se resuelve su situación migratoria allá, lo que puede tardar meses o años.

Más allá de los “motivos humanitarios” que pudiera tener la cancillería mexicana para recibir en la frontera norte migrantes que no son mexicanos: el gobierno debe aclarar si hay un convenio que nos obligue a ser un “tercer país seguro” para los centroamericanos que expulsa EUA. Si la respuesta es afirmativa, lo que sigue es informar a cambio de qué.

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Vaya desde aquí el apoyo a la petición del reconocido periodista, Ricardo Rocha, quien se plantó ayer en la mañanera de López Obrador para abogar por el pago retenido a más 100 trabajadores del Canal del Congreso de la CDMX, que él dirige.

Para abogar por la causa de los trabajadores, Rocha utilizó palabras pronunciadas por AMLO en el sentido de que retener salarios es no sólo un delito, sino también un “pecado social”.

Le dejó al Presidente un documento que tituló: “La verdad sobre el Canal del Congreso de la Ciudad de México, un mes de salarios retenidos”.

Si todos los directores fueran así, no tendríamos tanta gente sin trabajo.

FIN.