Mexicali, B. C. martes 10 de diciembre de 2019.- La diputada Eva Gricelda Rodríguez presento una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado, con la finalidad de establecer un examen de oposición para obtener la patente de Notario Titular.

La propuesta fue expuesta ante el Pleno durante la sesión ordinaria celebrada este día, bajo la presidencia del diputado Víctor Manuel Morán Hernández, donde la legisladora explicó que se propone establecer que, para obtener dicha patente, se requerirá presentar, aprobar y triunfar en el examen de oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Notariado, con lo que se sustituiría la posibilidad del otorgamiento directo de este nombramiento, prevista actualmente en el párrafo segundo del artículo 17 de dicho ordenamiento.

Asi mismo, y en sintonía con lo anterior, se plantea que la patente de notario titular solo se podrá concursar hasta que existan al menos tres sustentantes para la notaría de que se trate.

La diputada Eva Gricelda destacó que para contar con un notariado cada vez más preparado, resulta pertinente fortalecer el acceso al ejercicio de dicha función mediante medidas directamente relacionadas con tal fin, como es la existencia del examen de oposición en el que obtenga la patente de notario titular aquél profesionista del derecho que, además de aprobar el examen, haya alcanzado la mejor calificación de entre el resto de los sustentantes, para avanzar hacia una mayor profesionalización del notariado en beneficio de la certeza jurídica con la que deben contar los usuarios del servicio en los hechos y actos que se someten ante la fe pública de este personaje.

Para concluir, la inicialista destacó que el objetivo es lograr la profesionalización del notariado, en beneficio de la sociedad como destinataria del servicio público que se le brinda. Además, se propone establecer que el Arancel de Notarios expedido por el Ejecutivo deba estipular los honorarios respectivos, con base en una perspectiva de beneficio social, esto es, instituir en sus tarifas costos accesibles para la ciudadanía, partiendo de la premisa que dar fe de los hechos y actos jurídicos, constituye un servicio público.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y posterior dictaminación.