Por Jorge Morán

La forma en que se realizó el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, atenta contra la democracia del país y la autonomía de la figura ante el Gobierno Federal, pues existe el riesgo de ésta actúe por instrucciones directas del Presidente de México, señaló la COPARMEX.

Mediante un comunicado firmado por su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walther, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, manifestó el descontento de la cámara empresarial ante el método por el que se llevó a cabo la designación del fiscal, en cuya labor se encuentra el investigar y dar seguimiento a los delitos de orden federal.

El desconocimiento de los criterios con los cuales se eligieron a los diez nombres que conformaron la lista final de candidatos para el cargo, cuyos perfiles no fueron analizados por un panel de ciudadanos expertos, aunó a que se tomara una decisión en la que predominaron los criterios partidistas, afirmó.

“Es necesario modificar el proceso de nombramiento del Fiscal General de la República, porque tal y como se llevó a cabo en estos días no garantiza en forma alguna la independencia del Fiscal General. Por el contrario, esta institución nace viciada de origen: un fiscal carnal va a defender siempre al Ejecutivo, va perdonar a los aliados y a perseguir a los adversarios”, citó el líder empresarial.

Es por ello que la COPARMEX volverá a impulsar la iniciativa ciudadana “Reforma 102”, con la cual buscarán modificar dicho artículo constitucional para que el ya nombrado fiscal se mantenga durante un periodo de solo tres años, hasta 2021, y no de nueve como se tiene ya estipulado. Para que el Congreso la considere se requieren alrededor de 117 mil firmas de apoyo a nivel nacional las cuales, afirmó, ya cuentan con más de la mitad de ellas.

Elorduy Blackaller aclaró que no se trata de un rechazo directo a Gertz Manero como persona, sino del método por el que se le dio el cargo y la cercanía que tiene con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, lo cual “pone en duda la certeza de que el fiscal, nombrado por el mismo presidente, persiga los delitos de los amigos y cercanos al él”.