Por Martín Moreno

+ ¿Comprobar delitos o destruir imagen?

+ El “SÍ” ganaría sin duda

La apuesta de Andrés Manuel López Obrador al proponer enjuiciar a los ex presidentes de México (desde Salinas hasta Peña Nieto), es una tirada de gana-gana-gana:

Primero, porque de realizarse la consulta pública bajo la pregunta de si se debe investigar y enjuiciar a los ex mandatarios, desde ahora todos sabemos ya la respuesta: un SÍ inequívoco y rotundo que, inclusive, podría ser apabullador, alcanzando picos de hasta 80 por ciento en favor de abrirle expediente a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Segundo, porque ya sea mediante la comprobación de presuntos delitos ya enlistados por AMLO, o bien por la vía de la hoguera pública, la imagen de los ex presidentes de México quedaría hecha añicos. Posiblemente no se les fincarían responsabilidades legales de momento, pero sí se les exhibiría en la plaza pública como corruptos, traidores, abusivos, irresponsables y todos los sambenitos que se les quieran endilgar. Los ex pierden por las dos vías: si son investigados, aun sin que se les compruebe delito alguno, pierden al ser considerados presuntos delincuentes; y si el pueblo bueno vota en mayoría por que sean investigados y enjuiciados, sus cabezas serán levantadas como trofeos del actual Gobierno y mostradas, en una postal histórica, como los directos responsables de gran parte de los males que aquejan al país.

Tercero, porque AMLO –con ese tremendo apoyo popular que goza–, pasaría a la historia como el Presidente que se atrevió a exhibir a los ex presidentes y que les dio el gusto a los ciudadanos de condenar y crucificar a quienes, sin duda, influyeron en el rumbo del país desde 1988, con la instauración formal del hoy satanizado neoliberalismo, y hasta los días de corrupción innegable de Peña Nieto. AMLO gana de cualquier forma: manda al paredón a los ex, deja que el pueblo los fusile, y él sale victorioso AMLO aplicaría, de manera astuta, aquella frase del político alemán Konrad Adenauer: “En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”.

Y sin duda, el veredicto de las masas en la consulta pública en contra de los ex presidentes, le dará la razón: juicio sumario contra ellos.

Una jugada de tres bandas, pues.

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Más de espectáculo mediático que de efectividad legal, sería el posible juicio en contra de los ex mandatarios mexicanos. ¿Por qué? Resulta que la propia Constitución prohíbe investigar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Bien lo explica el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto (quien investigó la corrupción del equipo peñista cuando fue titular de la FEPADE, hecho que le costó el cargo de manera arbitraria), entrevistado por la reportera Emma Landeros para el portal Revolución 3.0:

“Administrativamente, la Constitución prohíbe sancionar a un Presidente de la República y además señala que la prescripción de las responsabilidades administrativas son por siete años. Esto implica que la única persona que podría ser sancionada por responsabilidad administrativa sería el último Presidente y en todo caso algunos meses del sexenio de Felipe Calderón…”.

Es decir: legalmente, ni Salinas ni Zedillo ni Fox podrían ser enjuiciados por las leyes mexicanas. Únicamente se podría proceder contra Calderón por su último año de Gobierno (2012), y con Peña Nieto sí que se podría por todo lo que hizo durante su sexenio, marcado por la corrupción y el despilfarro agraviante de recursos públicos. EPN enfrentaría, entonces, un juicio legal que podría llevarlo a la cárcel.

Pero, tal vez, llevar a prisión a alguno de los ex presidentes sea lo que menos le interesa a AMLO. Ya lo ha dicho: “Mi fuerte no es la venganza. Creo en el perdón y pienso que lo que más conviene es una amnistía política. Estoy a favor del punto final…”.

Aún más:

El propio AMLO plantea que esta consulta solamente podría concretarse hasta que el Congreso reforme la ley y así eliminar las trabas que actualmente existen para hacer válido este ejercicio. “Le toca al Congreso decidir en qué momento aprueba la reforma al artículo 35 (para hacer vinculante el resultado de la encuesta pública)”, aseguró el vocero presidencial, Jesús Ramírez. (Reforma 26/II/2019).

Es decir: legalmente, no sería válida la consulta para enjuiciar a los ex presidentes. Entonces, ¿para qué realizarla? Sencillo: para exhibirlos públicamente y para tener el respaldo social suficiente y exigirle así al Congreso – bajo el dominio de Morena-, modificar la ley y proceder así legalmente contra los ex, “porque así lo quiere el pueblo de México”.

¿Los delitos? AMLO ya los proclamó públicamente, a sabiendas de que, legalmente y bajo las actuales leyes, no se puede proceder contra los ex. Aún no. Pero el punto es quemarlos en la hoguera pública del Zócalo:

A Salinas, porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados.

A Zedillo, porque convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa.

A Fox, por traidor a la patria, porque después de llegar prometiendo un cambio, manipuló el sistema para el fraude e impuso a Calderón.

A Calderón, porque usó la fuerza y convirtió al país en un cementerio.

A Peña, por corrupción.

¿Se les podrán comprobar estos delitos?

De momento, no importa.

El chiste es que el pueblo los condene y crucifique. Que pasen a la historia como entreguistas, traidores, violentos y corruptos. Esa batalla ya la tienen perdida.

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Esperemos, pues, si el 21 de marzo –aniversario del natalicio de Benito Juárez– se realiza la consulta y se guarda como la plataforma social para modificar la ley y proceder en contra de los ex presidentes de México. Falta poco para saberlo.

Mientras tanto, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto ya comenzaron a perder, desde ahora, la batalla que, para muchos políticos, es la más importante de su vida: la de cómo los juzgará la historia.

¿Quién los defiende?