En la indagatoria al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó sus declaraciones fiscales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Durante su comparecencia de ayer ante el pleno de la Cámara de Diputados, también confirmó que se investiga a los delegados del gobierno federal en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora por presunto uso electoral de los programas sociales.

Refirió que ayer mismo compareció ante la SFP el ex representante en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció por las denuncias de contratos de medicamentos a sus empresas Lomedic y Solfrán, inhabilitadas por dos años y medio, además de las multas millonarias.

Incluso, advirtió que si una vez concluidas las investigaciones se encuentra a alguien culpable o hay indicios de responsabilidad administrativa para dar vista al Ministerio Público por presunta responsabilidad penal, serán sancionados.

Recordó que el Congreso aprobó tipificar el uso de programas sociales como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

A las preguntas de legisladores de PAN, PRI y MC, Sandoval refirió que la dependencia a su cargo dará la cara en el caso de Bartlett, pero acotó: no vamos en contra de nadie por deporte.

 Se investiga a Carlos Romero Deschamps

 En entrevista posterior, destacó que se realiza una investigación al ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, no como dirigente sindical, sino en su calidad de trabajador de Petróleos Mexicanos.

–¿Su evolución patrimonial? –se le preguntó.

–Mire, no le puedo asegurar, pero muy probablemente hay una evolución patrimonial –respondió.

Los legisladores panistas centraron sus críticas en las pesquisas sobre Bartlett Díaz, e incluso se presentaron con caretas de cartón con su imagen.

La secretaria de la Función Pública refirió que se ha solicitado información a los registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México, Puebla y Tabasco sobre bienes a nombre del director de la CFE y sociedades que puedan estar vinculadas a él.

También, indicó, se requirieron a la contraloría interna del Senado sus declaraciones patrimoniales de entre 2014 y 2018, cuando perteneció a esa cámara, al igual que a la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría de la Ciudad de México, para que se nos proporcione información registral sobre bienes inmuebles y sociedades vinculadas al investigado.

Frente a los reclamos, que exigían celeridad en este caso, reviró: ya no hay auditorías de papel.

En el caso de los superdelegados, refirió que el órgano interno de control procesó 12 denuncias y se han realizado auditorías a los programas sociales; se refirió a cuatro investigaciones en proceso sobre los subsidios a hijos de madres trabajadoras, pensiones para personas con discapacidad y los denominados servidores de la nación.