Por Raymundo Riva Palacio

En la crisis migratoria que vive México en la frontera con Guatemala, hay un personaje que ha pasado desapercibido desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de haber provocado el conflicto político con Estados Unidos. Es el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, a quien se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó el gobierno mexicano sin control desde diciembre, y de la política de brazos abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia de todos los funcionarios involucrados, no tiene que rendir cuentas a nadie, ni estar sometido al escrutinio público, pero su influencia sobre Andrés Manuel López Obrador metió al Presidente y al país en una situación incómoda y de amenaza permanente desde Washington.

La agenda de Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador. En junio del año pasado, al criticar a todos los candidatos presidenciales por no tener un plan sobre el tema migratorio tras el segundo debate, Solalinde propuso cinco puntos, de los cuales tres se convirtieron en parte central del proyecto del nuevo gobierno:

1.- Se debe desarrollar la Ley Migratoria en lo que va de derechos humanos, pues en los hechos la ley ha servido para perseguir a los migrantes. Se debe separar el aspecto administrativo del de seguridad.

2.- Crear una organización de desarrollo con Centroamérica para proteger a los migrantes y que los gobiernos de origen se corresponsabilicen. México no le debe pedir permiso a nadie para lograr esto.

3.- Continuar los programas de derechos humanos, como el programa especial de migraciones, que fue lo único bueno que quedó del gobierno de Felipe Calderón.

Solalinde se le metió a López Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde dictó. El entonces Presidente electo lo incorporó al equipo de transición, donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado, por si fuera necesario, con su primo en grado lejano, Alejandro Encinas, que después fue nombrado subsecretario de Gobernación, responsable de los derechos humanos.

Desde esa posición, el padre Solalinde impuso el concepto de “visas humanitarias”, bajo su vieja idea de que el tema migratorio siempre había estado anclado a la seguridad, con una estrategia de combate desde la perspectiva policiaca, donde los derechos humanos eran secundarios. La apertura de la frontera para recibir a quien quisiera, también fue un concepto desarrollado por Solalinde y aprobado unánimemente en la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero. La crisis con Estados Unidos estalló en marzo, cuando al mostrarle la estadística del incremento de capturas en Estados Unidos y la proyección anual de mantenerse el ritmo, le remarcaron que la gran mayoría de las personas detenidas tenían visas humanitarias extendidas por México.

Solalinde no formó nunca parte de los equipos institucionales que hablaron con los estadounidenses, pero su influencia es enorme en López Obrador. Durante la transición, Alfonso Durazo, quien era el enlace con el gabinete de seguridad, propuso que los agentes de Migración pasaran a formar parte de lo que sería la renaciente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo cual coincidía con Solalinde que la corrupción en ese cuerpo era incorregible y había que tomar acciones radicales. Sin embargo, el padre se opuso y lo vetó. López Obrador le dio la razón. Quería tener el religioso el control de todo y el Presidente electo le dio carta blanca para entrometerse. Migración permaneció dentro de Gobernación, pero desde el principio se confrontó con el exdirector del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Solalinde quería “acelerar” el cambio de las estaciones migratorias en Chiapas en “auténticos albergues”, como los que opera, y donde se gestionaron un importante número de las visas humanitarias que provocaron el choque con el presidente Donald Trump.

Su proyecto personal no estaba a la par de cómo lo iba instrumentando el gobierno. Incluso criticó abiertamente a la Secretaría de Gobernación, por no haber actuado de manera más expedita en el armado de un modelo de desarrollo con los países de América Central, y fue agudamente crítico con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la negociación que llevó a cabo en Washington para evitar la imposición de aranceles.

“Tuvo todo ese miércoles para tomar el camino de la dignidad de México, para exigir respeto e irnos a tribunales internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, pero aceptó ese juego de sumisión, humillación y vergüenza para México, y en aras de ese 5% traicionó la tradición de México; y lo más triste, empezaron a deportar niños, niñas y mujeres”, declaró la semana pasada, refiriéndose al primer día de la negociación en Washington hace casi tres semanas y la prórroga para la imposición de aranceles.

Solalinde excluyó por completo de la crítica a López Obrador, de quien dijo, fue colocado “entre la espada y la pared”, soslayando sibilinamente que Ebrard no hizo nada que no fuera discutido y avalado por el Presidente. El padre está hablando por la herida. El acuerdo limita sus operaciones de albergues en el sur de México, y le ha quitado la iniciativa en la formulación de la política migratoria. Su revés es una derrota para la Secretaría de Gobernación, como se explicó en la columna de este lunes, pero sobre todo, aunque no se perciba, es mayor el descalabro para el Presidente, que tuvo que asumir la humillación ante Trump y acatar sus imposiciones. López Obrador ha sufrido en credibilidad; el gobierno también. Solalinde salió inmune e impune, cuando tendría que ser el principal responsable de este fiasco.