Por Pablo Hiriart

En dos de los tres casos de candidatura a ministra de la Suprema Corte hay un clarísimo conflicto de interés, y el tercero está dudoso.

Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México, es esposa del empresario José María Riobóo, asesor del gobierno federal y líder en el proyecto de demolición del aeropuerto de Texcoco.

Los problemas con los constructores del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México aún están por resolverse, y no sería remoto que llegaran a tribunales e incluso a la Corte.

¿La esposa del señor Riobóo va a ser ministro de la Suprema Corte y resolverá el caso?

Celia Maya García fue fundadora del actual partido gobernante, Morena.

También fue candidata al gobierno de Querétaro por Morena.

Y en los pasados comicios federales fue candidata a senadora por Morena en Querétaro.

¿La muy ‘independiente’ magistrada Celia Maya García, va a ser ministro de un poder que es contrapeso del Ejecutivo?

Durante muchos años se había dado la batalla para evitar que los candidatos a ocupar un asiento en la Corte tuvieran relación estrecha, de subordinación, con el partido gobernante.

No hay manera. Es insostenible una candidatura así, igual que la de Yasmín Esquivel Mossa.

La tercera aspirante es Loretta Ortiz Ahlf. Se trata de una académica con un currículum impecable, con el ‘pero’ de que es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, actual titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y cercano al presidente López Obrador.

Se trata del único caso en que el conflicto de interés no es claro ni contundente.

Que su actual marido sea cercano al presidente de la República no puede ser motivo para vetarla, pues quien conozca a Agustín Ortiz Pinchetti imploraría para que el jefe del Ejecutivo tenga más amigos de la integridad y buen juicio como él.

La Fepade que encabeza Ortiz Pinchetti es autónoma, por lo que el conflicto de interés es más que discutible.

Habrá que ver, eso sí, cuál es la trayectoria de Loretta Ortiz como para cubrir la vacante que Margarita Luna Ramos deja en el máximo tribunal del país.

Por ahora no hay acuerdo en la Cámara de Senadores sobre cuál debe ser la abogada elegida, y el martes sabremos si hay humo blanco o la terna regresa a Palacio Nacional.

En caso de que así ocurra, el presidente deberá decidir quién de las tres va a la Corte.

Lo anterior significaría que el presidente tuviera que elegir y, por tanto, pagar un costo político doble: que su terna no haya pasado en la Cámara de Senadores, y que él rechaza a dos de sus cercanas.

Como maniobra política sería interesante de parte de la oposición, pero no hay que descartar la capacidad de negociación del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien puede ser capaz de sacar a una de las tres por unanimidad.

Hasta ayer, sin embargo, no había acuerdo ni siquiera en la bancada de Morena para optar por una de las tres.

Su favorita, la fundadora del partido, excandidata al gobierno de Querétaro y luego a una senaduría, Celia Maya García, derrapó de fea manera ante la clientela de la izquierda al pronunciarse en contra de los derechos de parejas de un mismo sexo.

La esposa de José María Riobóo sostuvo posturas similares sobre el tema, y el conflicto de interés le persigue.

¿Será Loretta Ortiz Ahlf?

¿Le harán pagar al presidente el costo político de descalificar a dos de sus propuestas?

Ante este panorama, uno se pregunta: ¿qué necesidad tenían de entramparse con tres candidaturas discutibles, si pudieron poner el nombre de Ana María Magaloni?

¿Querían consenso? ¿Unanimidad? Ella lo lograba, para bien de la Corte.

Pero se enredaron en los conflictos de interés.