Por Rubén Cortés

Los testigos protegidos son como el meme que a muchos hace reír y circula en Twitter: a un niño negro bailarín le cae en la cara una cazuela de caldo hirviendo. Se ríen porque no es su hijo. Con los testigos protegidos es similar: muchos les creen siempre que no los señale a ellos.

Ayer, por ejemplo, salió en el juicio contra El Chapo Guzmán, el nombre del actual presidente al tratar de vincularlo con “El Rey” Zambada. La defensa aseguró que en la campaña del 2006, un hombre cercano al tabasqueño recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

Y, “Joaquín me lo comentó”, había dicho un testigo protegido el martes en ese mismo juzgado cuando el abogado del narcotraficante le preguntó si su cliente había sobornado al expresidente Enrique Peña, con 250 millones de dólares.

Debería existir un consenso: alguien que pretenda salvarse de la pena de muerte o cadena perpetua, diría ante quien puede condenarlo todo lo que le pidan y se le ocurra. De manera coloquial… las cosas, de quien vienen. Aunque sea una figura jurídica, ciertamente.

De hecho, en México no sirvió de mucho mientras funcionó a nivel federal, durante el sexenio de 2006-12, por no garantizar el conocimiento de la verdad ni avalar la imparcialidad de la justicia: sus declaraciones son interesadas y cambian de acuerdo con los ofrecimientos de la autoridad.

Incluso, aquí, se trató de un sistema que llegó a insultar a nuestra impartición de justicia: la PGR fue incapaz de proteger la vida de un detenido acogido al sistema, a saber, Javier Sandoval, pieza clave en investigaciones contra los cárteles de Sinaloa y Los Beltrán Leyva.

Así que, ante las declaraciones de los criminales, hay que tener en cuenta que éstos son eso: criminales. Y así hay que evaluarlos. Aún así, los aludidos creen necesario fijar posición, como hizo ayer Frank Guzmán, exjefe de la oficina del expresidente Peña:

“Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de @EPN fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad”.

Alex Cifuentes, uno de los testigos estrella de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio a El Chapo Guzmán, dijo que el capo sobornó a Peña antes de que fuera Presidente, pero que no recuerda la cifra exacta supuestamente entregada.

El abogado del capo también aseguró antes que el exPresidente Felipe Calderón recibió sobornos de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de protección a sus actos criminales.

Pero no hay que olvidar en todo algo básico: toda afirmación debe ir acompañada de pruebas.

Sin pruebas, nada tiene valor.