Tragedia en Honduras: mueren 46 mujeres calcinadas y a tiros en una reyerta carcelaria entre pandillas

by linaresvillamild@gmail.com
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Todo indica que las pandilleras del Barrio 18 encerraron a las mujeres rivales de la Mara Salvatrucha e incendiaron el módulo

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 trasladaron su particular guerra sangrienta al Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Honduras, situado en Támara, Francisco Morazán. En esta cárcel situada a 25 kilómetros de Tegucigalpa, se produjo una reyerta este martes que provocó la muerte de al menos 46 mujeres, de las cuales 25 fallecieron calcinadas en un incendio provocado y 16 acribilladas a tiros, según datos preliminares del Ministerio Público, aunque esta cifra podría aumentar en las próximas horas, dado que al menos siete mujeres, de entre 24 y 62 años, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela situado en la capital del país, algunas con quemaduras y otras con heridas de armas de fuego y objetos contusos.

El miércoles por la tarde se habían identificado 23 cuerpos, según la Fiscalía.

A la espera de un reporte oficial de fallecidas por parte del Sistema Penitenciario y de una investigación judicial, los primeros indicios apuntan a que supuestamente, las pandilleras del Barrio 18 encerraron a las mujeres rivales de la Mara Salvatrucha e incendiaron el módulo uno con ellas dentro provocando una masacre. Según publica la prensa local del país, testigos han afirmado que se oían gritos de desesperación y que las reclusas atrapadas trataron de subirse por las paredes para salvarse sin éxito. Al mismo tiempo, otras reclusas se dedicaron a disparar a sangre fría a otras internas en diferentes partes del centro carcelario, tal como muestran las cámaras de seguridad de la prisión, donde se observan a mujeres armadas buscando una por una a sus objetivos para darles muerte. Una de las víctimas es una ex cadete de la Academia Nacional de Policía, quien estaba detenida desde el 2018 acusada de matar a un estudiante de 24 años de la misma Academia.

Asimismo, se han viralizado imágenes de la carnicería cometida por las reclusas con uno de los módulos completamente calcinado, donde se observan los cuerpos inertes de varias mujeres, algunas de las cuales tienen una enorme roca en la cabeza. La portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, ha informado de que ya se han desplazado cinco equipos de Medicina Forense al centro carcelario e indicó que hay alrededor de 25 cuerpos calcinados, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para poder identificarlos.

DETONACIONES DE DISPAROS Y HUMO
Una de las sobrevivientes, antes de ingresar al hospital, reveló cómo se produjo el ataque: «solo se metieron en el módulo con una AR-15 y, posteriormente, varias reclusas de la pandilla Barrio 18 ingresaron a las celdas». Vecinos de Támara confirmaron a los medios locales que habían escuchado gritos de desesperación y disparos en el recinto penitenciario desde horas de la madrugada e incluso vecinos del sector compartieron en sus redes sociales vídeos de las columnas de humo que salían de la prisión.

Una de las primeras en confirmar que había presas muertas en el interior del penal fue Telma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, quien reveló que las autoridades de la cárcel habían informado a las reclusas que quien tuviera negocios dentro de la prisión se los iban a quitar, al tiempo que les iban a retirar televisores, equipos electrónicos y microondas, lo que generó un malestar. «No era la forma, pero fueron las acciones que tomaron», explicó, al tiempo que desveló que «mataron tres mujeres que estaban en maternidad y cinco personas de la panadería y quemaron un módulo completo».

Tras conocer el alcance de la tragedia, decenas de familiares de las reclusas llegaron a las puertas de la cárcel, así como de los hospitales y la morgue para conocer si sus hijas, madres y hermanas seguían con vida o se encontraban entre las víctimas. Nadie les daba ninguna información mientras policías y militares rodeaban la prisión para dejar trabajar a los bomberos y al personal de la Fiscalía.

Horas después de la tragedia, la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, ordenó la intervención inmediata de la prisión con acompañamiento de bomberos, la Policía de Honduras y militares, tras declarar la «emergencia». «Bueno, acción y reacción de mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara», aseguró la viceministra en su cuenta de Twitter en la que avisó de que «no vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esta cárcel».

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha reconocido estar «conmocionada» por el «monstruoso asesinato» de mujeres en el CEFAS, «planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad». Asimismo, mostró su «solidaridad» con los familiares y convocó a «rendir cuentas» al ministro de Seguridad y a la presidenta de la Comisión Interventora». En este sentido, anunció que tomará «medidas drásticas», aunque no las especificó».

Mientras, Villanueva, que ha sido designada por Castro como directora de la Comisión de Intervención de los Centros Penales de Honduras, ha denunciado que en CEFAS «se ha reactivado el vandalismo y mujeres, con armas y pasamontañas, generaron quemas», si bien ha detallado que el fuego ya fue controlado por el Cuerpo de Bomberos.

La reyerta se produjo horas después de que autoridades de la Secretaría de Seguridad ordenaran el traslado de presos de alta peligrosidad en el centro penal de máxima seguridad ‘El Pozo’ de Ilama, en Santa Bárbara, donde se registró un tiroteo este lunes, aunque no ha trascendido si hubo heridos. Así, este centro penal fue intervenido por decenas de policías, al tiempo que la viceministra de Seguridad también avanzó que la cárcel ubicada en el barrio Inglés de La Ceiba será trasladada a otro lugar con mayor seguridad.

MEDIDAS PARA «PONER ORDEN» EN LAS PRISIONES
En esta línea, Villanueva manifestó, horas antes de la tragedia, que estos operativos se realizan con el objetivo de «recuperar la gestión penitenciaria, eliminar el autogobierno y el desarme» en las cárceles del país centroamericano. «Con mano dura para aquellos que tienen armas», remarcó, a la vez que advirtió de que «tenemos identificados uno a uno», por lo que «queremos ejercer el control y no queremos agresiones para ellos».

En una conferencia de prensa, Villanueva denunció que «lo ocurrido hoy es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada». En este sentido, aseveró que «entendemos claramente el mensaje que se gesta desde aquellos que tienen intereses dentro del sistema penitenciario, que se robaron los dineros, que saquearon, robaron y han generado sobre todo miedo y zozobra».
Se da la circunstancia de que las autoridades de Honduras anunciaron el pasado 18 de abril una serie de medidas para poner orden en las cárceles controladas por el crimen organizado. Entre éstas, destacan el bloqueo de llamadas de teléfonos a través de los cuales ordenan extorsiones y asesinatos, así como un desarme real de los reclusos y la clasificación de los reos por peligrosidad. El Gobierno de Xiomara Castro anunció esta intervención después de que se hayan producido una decena de tiroteos o enfrentamientos

en las prisiones del país centroamericano, que sufren una situación deplorable de hacinamiento y falta de higiene. Según datos del Poder Judicial de Honduras, la población penitenciaria en ese país asciende a 19.566 personas privadas de libertad, de las cuales 1.168 son mujeres. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras registra un 34,2% de hacinamiento en las 25 cárceles del país.

Desde diciembre de 2022, Honduras implementó un estado de excepción, que de momento se extenderá hasta el 5 de julio tras haberse prorrogado en varias ocasiones, con el fin de reducir la extorsión, desmantelar los grupos criminales, reducir la violencia de las pandillas y disminuir la inseguridad.

CUARTO SUCESO MÁS GRAVE EN LAS CÁRCELES
La reyerta en la prisión de mujeres es el cuarto suceso más grave producido en una cárcel de este país, siendo el más mortífero el incendio en la cárcel de Comayagua el 14 de febrero de 2012 en el que murieron 360 presos. Asimismo, el 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el desaparecido Centro Penal de San Pedro Sula donde perdieron la vida 107 privados de libertad y resultaron heridos 25 reclusos, lo que provocó que el Estado de Honduras fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2022.

Asimismo, el 5 de abril de 2003 un enfrentamiento entre pandilleros y policías en la cárcel de El Porvenir ocasionó la muerte de 66 personas, entre las que se encontraban tres mujeres que estaban de visita. El 3 de mayo de 2008, se registró una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara en la que murieron 18 personas, solo dos años después de que el 5 de enero de 2006 fallecieran 13 presos tras un motín provocado en la misma presión.

El 14 de octubre de 2011, murieron otros 9 presos en la cárcel de San Pedro Sula, donde nuevamente, el 29 de marzo de 2012, un motín y un incendio provocados por un enfrentamiento entre pandillas rivales ocasionaron la muerte de otros 13 reclusos. Por otro lado, el 20 de diciembre de 2019, 18 reos fueron asesinados en una reyerta en la cárcel de Tela, mientras que el 23 de diciembre del 2019, 19 reclusos fueron asesinados en el centro penal de El Porvenir en el marco de la guerra entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
La tragedia de este martes ya ha provocado la condena internacional de la coordinadora de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, quien mostró su «solidaridad» con las mujeres con las que compartió el pasado 8 de marzo «escuchando sus historias y sueños». Por ello, dijo que su corazón «llora» y reclamó una verdadera investigación de lo ocurrido tras expresar un «fuerte rechazo a la violencia».

Por su parte, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes pidió al Estado de Honduras una investigación «pronta e imparcial» a los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas en las cárceles de Ilama y la matanza en la prisión femenina. «Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras, en todas las ramas de Gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que éste atraviesa», concluyó.
Con información de EL MUNDO

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