El gobierno de Donald Trump, a través de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS), infiltró a informantes en la caravana de centroamericanos que acecha la frontera con México, a quienes paga por cualquier información sobre los planes de los migrantes para internarse en territorio estadounidense, según reportó ayer la cadena NBC News, que citó a fuentes de la Casa Blanca.

Además, de acuerdo con el reportaje, las autoridades del DHS se han encargado de monitorear los mensajes de texto de los migrantes.

La recopilación de información, según NBC News, se lleva a cabo con la inclusión de personal de la dependencia en las conversaciones de la plataforma WhatsApp que usan los más de 4 mil migrantes originarios principalmente de Honduras para organizarse y comunicarse.

Asimismo, indica que las técnicas se complementan con los informes del personal del DHS que trabaja en México con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en un esfuerzo por controlar el flujo de la caravana, sus movimientos y cualquier posible amenaza de seguridad que pueda ser descubierta.

La información de NBC News se dio a conocer un día después de que funcionarios de la Casa Blanca informaran las intenciones de un grupo de migrantes de correr por los carriles de un cruce fronterizo cerca de San Diego.

Derivado de lo anterior, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza cerró todos los carriles de entrada a Estados Unidos de la garita de San Ysidro para su reforzamiento, sin que se registrara el intento anunciado.

Las airadas movilizaciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional y del ejército desplegado en la línea divisoria con México, han sido atizadas por las advertencias que el presidente Donald Trump ha lanzado desde hace un mes de que delincuentes y pandilleros viajan en el grupo, e incluso terroristas, aunque no hay pruebas de ello.

El reportaje de NBC News señala que el pago a los informantes, la colocación de oficiales en la región o el monitoreo de las comunicaciones de los ciudadanos no estadounidenses no es ilegal, de acuerdo con declaraciones de John Cohen, exsubsecretario de inteligencia en funciones del DHS, mismo que señaló que la situación sí genera algunas preocupaciones sobre la asignación de recursos.

“Esos recursos deben provenir de algún lugar. No se están dedicando a frustrar amenazas terroristas, tiroteos masivos o ataques cibernéticos. Me cuesta creer que el mayor riesgo para nuestra nación venga de esta caravana”, señaló el exfuncionario en el reporte de la televisora.

Unos dos mil 500 migrantes duermen en canchas de tierra y bajo las gradas tras su llegada hace una semana a Tijuana con la idea de pedir asilo en EU e ingresar al país.

El presidente Trump ha ordenado el despliegue de 5 mil 800 soldados en la frontera, decretando un estado de emergencia excepcional que también le ha valido para intentar saltarse la ley y denegar el asilo a los inmigrantes; una Corte Federal le indicó ayer, sin embargo, que no puede desobedecer las leyes.

Ante la decisión de un juez, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, consideró en un comunicado que la resolución “abrirá las puertas de la inundación, invitando a innumerables inmigrantes ilegales a colarse en el país a costa del dinero de los contribuyentes estadounidenses”.