Por Pablo Hiriart

En este momento hay dos campañas de linchamiento de parte del Poder Ejecutivo, de Morena y la prensa oficialista. Una es contra la Suprema Corte y otra es contra el Tribunal Electoral.

Dos organismos autónomos que quieren hacer valer su independencia.

¿Quién sigue?

Morena va por todo. Y se va a tragar al que se deje.

El golpe contra el Poder Judicial fue bien pensado, pues el argumento de los salarios es poderoso, vende bien entre las clientelas morenistas y gente sin partido que tiene un sueldo bajo.

El presidente conecta bien con las fibras sensibles de la sociedad y toca donde duele: los ingresos.

Sí, esos sueldos, aunados a prestaciones, son muy elevados. Pero sólo corresponden a los ministros de la Corte y no al resto del andamiaje del Poder Judicial.

¿Por qué le van a rebajar el sueldo a un juez penal que sentencia a capos del narcotráfico, o a delincuentes peligrosos, de armas tomar? ¿A miembros del Tribunal Fiscal que deciden sobre miles de millones de pesos?

Desde luego que tiene que mejorar el Poder Judicial. Urge corregir muchas de sus prácticas. Pero eso no se va a lograr poniéndolo bajo las órdenes del presidente de la República.

Esa es la intención y hay que subrayarlo: someter al Poder Judicial a los dictados de una sola persona.

Por eso extraña el silencio de otros organismos autónomos ante la embestida oficialista con el pretexto de los salarios.

Se entiende: es impopular defender un ingreso. Es motivo de linchamiento.

Pero peor es doblegarse y entregarle el terreno a un partido, bien cobijado en el Congreso y en la prensa, que va por todo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en votación dividida, tuvo el valor de decirle que no a Morena en su pretensión de anular las elecciones en Puebla.

A la presidenta del Tribunal la injurian en caricaturas de la prensa gobiernista y Morena declara que ella y los que votaron contra la anulación fueron presa de un poder corruptor.

Si no hacen lo que ellos mandan, son corruptos, vendidos, antidemocráticos y parte de un antiguo régimen.

Van por todo el poder. En eso consiste su cambio de régimen.

El único límite posible se lo tienen que poner las instituciones y los medios de comunicación.

En Puebla se contaron los votos. Se volvieron a contar uno por uno delante de los observadores de Morena, y perdieron. No aceptaron.

Revisó sus impugnaciones el Tribunal y tampoco encontró elementos para anularla.

De acuerdo con Morena, eso significa que “la justicia electoral en el país ha muerto”.

Sólo hay justicia cuando ganan ellos. Y si pierden, golpean con toda la fuerza para “ablandar” el ánimo de los que obstaculizan su camino hacia el poder absoluto.

Tal vez esta partida la va a ganar el Poder Judicial, con la suspensión de la Ley de Remuneraciones del sector público. Pero a los que se quedaron callados, como el INE y el Banco de México, se las van a aplicar ilegalmente.

El que se doblegue va a perder.

Las instituciones no se defienden solas.

Y esta batalla del Poder Judicial por su independencia no ha terminado.

La terna del presidente López Obrador para sustituir al ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte es transparente de sus intenciones: dos militantes de Morena y un juez que ha hecho el trabajo sucio de los allegados del presidente en ese medio, como el exministro David Genaro Góngora Pimentel.

Ese va a ser el próximo ministro de la Corte, José Luis González Alcántara.

Y en febrero, cuando se vaya la ministra Margarita Luna, entrará una incondicional de “la cuarta transformación”, muy probablemente Jazmín Esquivel, esposa de José María Riobóo.

Ayer pavimentaron el camino para tener ‘fiscal carnal’, subordinado al presidente.

En lo dicho, van por todo. Y lo tendrán todo si los encargados de velar por las instituciones autónomas lo permiten, y quienes tienen acceso a una tribuna se quedan callados.